Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
En Medellín, una vez más, los pueblos se levantan con la rabia de quienes no aceptan el silencio cómplice, siendo las marchas y protestas la expresión más clara de este sentimiento que, como se vio, no es entendido por el estado y sus instituciones como la Alcaldía de Medellín liderada por el derechista Federico Gutiérrez, la cual, lejos de ser consciente del genocidio cometido por Israel y compartir el sentimiento de indignación de la ciudadanía de Medellín, reprimió las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino.
Estas marchas surgen porque para muchos colombianos la tragedia Palestina no es distante: esa imagen de niños muertos, desplazados, hambruna, bombardeos, barreras, militares, también las hemos padecido como sociedad, donde hasta las ayudas humanitarias se han convertido en armas de guerra o objetivos militares. Las protestas son una forma de hermanamiento solidario con el pueblo asediado por el ente sionista, por la ocupación militar, por el bloqueo que día tras día restringe agua, alimentos, medicamentos y refugio. Son también una denuncia a las mentiras del Estado Colombiano que mantienen alianzas económicas y militares con Israel; una exigencia de que Colombia rompa esos lazos con quienes encarnan el genocidio colonial moderno.
Las marchas pro-Palestina no se limitan a Medellín: han tenido lugar con fuerza en Bogotá, Cali, Popayán, Pasto, Montería y Santa Marta, entre otras ciudades. En algunas el foco ha sido la intercepción de la flotilla humanitaria en la que viajaban dos colombianas, lo que ha despertado particular indignación.
¿Por qué responde el aparato represivo con violencia contra los marchantes, si lo único que reclaman es el derecho de vivir, de la solidaridad, de la denuncia frente a un pueblo que está siendo borrado? Porque las marchas interpelan al poder, exponen la hipocresía de los gobiernos que hablan de paz y derechos, pero mantienen relaciones con los que bombardean. Porque las élites políticas tienen miedo de que la conciencia popular se transforme en acción organizada. Porque, bajo el manto de la seguridad, se legitima el uso desproporcionado de la fuerza estatal para reprimir las voces que claman desde abajo.
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, por su parte, escupe cual culebra su narrativa: habla de violencia y vandalismo en Medellín, responsabiliza al Gobierno de Petro de incentivar desórdenes, y advierte que vendrán “diez meses difíciles”. Su llamado parece buscar legitimidad para cualquier medida represiva que pueda justificar bajo el nombre de “orden público”, mientras su administración no parece reconocer suficientemente la profundidad ética del dolor que siente la humanidad en general y los marchantes en la ciudad.
La solidaridad internacional no es delito. Cuando el Estado ataca manifestaciones bajo el argumento de “orden público”, lo hace para proteger intereses particulares, evitar que se visibilice la complicidad internacional, que se cuestione la orientación geopolítica del país, que se rompan silencios. Atacar la solidaridad, criminalizar la protesta, es sin duda socavar la democracia y el poder del pueblo.
