Por: Adriana Cruz
«Registro difuso» es el concepto que familias de personas desaparecidas en Colombia han decidido adoptar para referirse a la falta de voluntad política del Estado para recolectar, actualizar, cuantificar y dimensionar el grave fenómeno de la desaparición en Colombia.
Por eso, luego de tres meses de movilización sabemos que muchas cosas no saldrán a la luz, que los dramas de muchas familias ni siquiera serán cifras, quedarán ocultas en la memoria colectiva de los barrios y comunidades que hemos vivido la violencia estatal estos meses. Por miedo, por terror, por desconfianza no se denuncia, no se busca verdad y va nuestra alma acumulando dolor de nuestrxs muertxs y desaparecidxs.
Durante los años 80s y 90s cuando muchos de nosotrxs llegábamos a la vida, la desaparición forzada como estrategia de represión implementada por el Estado y ejecutada por algunos de sus organismos secretos y por el paramilitarimo, fue usada para desmontar el ascenso de la lucha social y política de ese período. Por eso, la violencia, pero sobre todo el terrorismo de Estado se hacen visibles en la política hoy, solo muestra que seguimos viviendo un conflicto social y político donde la oligarquía implementa la guerra sucia para atemorizarnos.
Puedo decir que para los casos de desaparición forzada, hasta ahora documentados y públicos en el marco del Paro nacional, se hace cuestionable el accionar del Estado por su acción u omisión evidenciando así:
1. Los entes de control fueron casi invisibles frente a las denuncias de desaparición forzada a no ser por la visita de la CIDH, generada por la presión internacional:
Los primeros días de paro fueron quizá los mas difíciles debido a las nulas garantías para la protesta social y la violencia desatada por el ESMAD y la policía. Las organizaciones de DDHH registraban cifras fatídicas de 367 personas desaparecidas. Por esos días la Defensoría del pueblo estuvo ausente en los PMU (puestos de mando unificados) y, sobre todo, en su papel de garantista de los Derechos Humanos. Recordemos que Carlos Camargo, amigo de Duque, estaba de vacaciones en su finca.
Las ONG se apropiaron de la labor de ubicación de personas desaparecidas (cosa que debería estar haciendo la defensoría, fiscalía y demás entes de control del Estado). Éstas denunciaron en varias ocasiones que no había una coordinación interna entre las instituciones: fiscalía, para la pronta ubicación de las personas.
Denunciaron también que muchas veces, aún cuando fueron con poder en mano firmado por la familia de una persona desaparecida, la policía negó información sobre las personas que tenían en su poder. Recordemos el caso del artista caleño Álvaro Herrera que estaba en manos de la policía que había sentenciado su desaparición.
2. El Estado negó las cifras y puso eufemismos al concepto de desaparición forzada:
Debido a la presión nacional e internacional y la obligación que tuvo Iván Duque y Marta Lucía Ramírez de recibir a la CIDH, el informe generado para presentar a este organismo, generó una gran polémica al querer cuestionar o «aclarar» la diferencia entre personas «no localizadas» y personas desaparecidas.
El informe presentado a la CIDH hablaba de solo 3 casos con investigación abierta por denuncia de desaparición forzada. Aclaraba que lo que había en el momento eran personas «no localizadas» y que no se podía hablar de desaparición en la mayoría de casos que presentaban las ONGs de Derechos Humanos. Esto pretendía quitarle la gravedad a la situación, minimizar la responsabilidad del Estado en la ubicación de las víctimas y sacar del contexto las situaciones en las que las personas habían desaparecido, muchas de estas desaparecidas luego de estar cerca a las protestas y por ende a la fuerza pública.
La muestra de esto es el caso de Zamir David Solipas en Zaragoza-Antioquia, quién luego de ser detenido y presuntamente liberado por la policía en medio de las manifestaciones, es desaparecido en el trayecto a su casa.
3. Medicina legal actuó con negligencia e imposibilitó el esclarecimiento de la verdad y la ubicación de las personas desaparecidas:
La desaparición de Duván Felipe Barros de 17 años, fue el 5 de junio en el Portal de la Resistencia en Bogotá. Aún cuando su madre se presentó a Medicina Legal el día siguiente, por la aparición de un cuerpo sin vida en el caño cerca la Portal, en Medicina Legal le negaron su identificación y le dijeron que se trataba de un habitante de calle de 40 años, 37 días después le confirmaron que el cuerpo encontrado sí era el de Duván.
Aunque no es una caso de desaparición, una situación similar se presentó con el accionar anómalo de Medicina Legal para la entrega del cuerpo sin vida de Daniel Stiven Sánchez en Cali, quién fue presentado por los medios y la policía como un «saqueador». La institución se demora varios días en posibilitar que su familia lo reconociera, generando así dilaciones en la investigación y deterioro del cuerpo que ocultaba las heridas que realmente causaron su muerte (golpes).
4. Las víctimas temen denunciar por la tortura y amenaza de las fuerzas armadas:
El mensaje y los efectos de la desaparición forzada como medio de represión y terrorismo, funcionan como una ola que afecta no sólo a la víctima, ni a su familia, sino que es un mensaje contundente para amistades y para la sociedad en general.
En los casos dónde las personas fueron localizadas y aparecieron con vida, el amedrantamiento fue tal, que en la mayoría no realizaron algún tipo de denuncia legal contra sus agresores (ESMAD y Ejército).
Intento pensar que en este país no somos violentos «por naturaleza», como a veces intentan explicar los violentólogos y sociólogos «apasionados» del conflicto, e intento entender cómo el Estado y la oligarquía, pero sobre todo sus instituciones y las personas que las encarnan se prestan para favorecer, por medio del terror, el status quo de esta sociedad.
Duván pudo ser mi primo, pudo ser un vecinito de la cuadra, de esos que uno ve crecer y qué mal que bien han vivido unos tiempos en el país y en el mundo que les genera algún tipo de conciencia social, una búsqueda de libertad propia de la juventud en estos tiempos, un deseo de de justicia que los hace mas rebeldes que otras generaciones, no logro captar el momento en que las fuerzas policiales y paramilitares ven tal peligro en un joven de 17 o 16 años que lo desaparecen o lo asesinan (llámese Zamir, Duván, Daniel).
Yo creo que nuestro cuerpo carga en sus genes una herencia histórica de la cultura política, supongo que esto tiene una explicación científica, la misma que se usa para explicar le miedo de las mujeres y la transmisión de este, de generación en generación. Creo que el pueblo colombiano ha vivido tan reprimido siempre que hemos heredado miedos, angustias, trastornos, y claro también formas de resistencia y deseos de justicia.
Por eso pienso que como jóvenes estamos repitiendo, con algún tipo de herencia, lo que vivió el país hace tres décadas, la represión estatal y paraestatal contra los justos levantamientos de la gente buscando una vida mas digna. Lamentablemente el Estado oligarca también ha heredado formas, métodos de represión que buscan generar un temor tan grande, que sea heredado de generación en generación.
Siento una vergüenza ajena, una profunda vergüenza de país por el silencio que guardamos por nuestros jóvenes muertos injustamente, por la decidia del Estado y su descaro para cometer estas atrocidades contra la vida y el futuro de este pueblo, siento dolor de madre y de hermana, ojalá mis lágrimas y abrazo pudieran acunar por un instante, el dolor intenso que debe sentir alguien que vive este crimen por parte de quién se supone debe proteger.
