Editorial Revista Insurrección Nº 910
Comando Central (COCE)
A los militares y a la Policía militarizada les ha costado elegir el bando adecuado. No estuvieron del lado del pueblo en las masacres de las bananeras en 1928, tampoco cuando reprimieron las grandes protestas populares de 1929, de 1948 o de 1977, entre otras.
Las Fuerzas Armadas (FFAA) no fueron pueblo cuando alimentaron el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, ni cuando participaron en las desapariciones forzadas de jóvenes militantes de las izquierdas o en las ejecuciones infames de jóvenes de los estratos más precarios del país, llamadas Falsos Positivos.
Estados Unidos convirtió en Doctrina y en estrategia lo que en Colombia se venía ejecutando como costumbre por parte de las FFAA: considerar al pueblo como el Enemigo Interno, y que en el Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) hizo de la ‘costumbre’ y de tal estrategia, la ley denominada Estatuto de Seguridad Nacional.
Casi nadie ha sabido o querido llevar la contraria a unos militares que no se han comportado exclusivamente como un cuerpo bélico, sino que se han convertido en un sujeto político que jamás ha sido controlado por el poder civil institucional, pero que es imprescindible para la gobernabilidad del país. Esa es la realidad; además, en los últimos años, tras el Plan Colombia y la alianza mediático-militar que llegó con él, las FFAA han hecho un gran esfuerzo por mostrarse al país como ajenas al conflicto armado y no como el actor principal que son en este, cuando la propia Comisión de Verdad atribuye a los paramilitares el 45 por ciento de las muertes ocurridas en el marco del conflicto entre 1985 y 2018, y el 12 por ciento a los agentes estatales.
Ahora, desde que el 3 de agosto entró en vigencia el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) entre el ELN y FFAA, se ha constatado que las viejas estrategias de guerra sucia interna permanecen intactas, a través de operaciones encubiertas apoyándose en bandas paramilitares, ejecución de civiles indefensos a los que se acusa de ser sustento de la guerrilla, delaciones, supuestas ‘operaciones’ contra la guerrilla que tratan de ocultar auténticos crímenes de guerra, entre otras.
No se puede esperar que cambie ‘de la noche a la mañana’ a una entidad acostumbrada a hacer la guerra sucia interna, tampoco se puede pensar que lo que exprese la cúpula militar al ministro de Defensa o al propio Presidente de la República, sea plenamente acatado por los mandos medios o en las estructuras desplegadas en el territorio; no es tarea fácil transformar esta maquinaria bélica y hacer que sus cañones apunten al objetivo correcto y sólo cuando sea necesario; pero lo que sí se puede preguntar al sujeto político que son las FFAA, es ¿qué papel quieren jugar en el futuro de Colombia?
Sólo existen dos opciones: perpetuarse como el poder fáctico que defiende los intereses de la élite dominante y como un agente en el país del belicismo y colonialismo de EEUU; o sumarse a la iniciativa de un Gran Acuerdo Nacional; si las FFAA optan por la primera opción, la continuidad y degradación de la guerra estarán servidas; así, todos los esfuerzos que se hagan en mesas de negociación, toda la fuerza de las comunidades comprometidas en los cambios estructurales y la voluntad de cambio que se impulsa desde la Presidencia serán tiempo y esperanzas desperdiciadas.
Si las FFAA como sujeto político-militar decide participar en el Gran Acuerdo Nacional desde el que se emprenda la gran transformación del país que acabe con las causas del conflicto… entonces, todos y todas tendremos una oportunidad.
Es impensable la construcción de un proceso de paz riguroso y confiable sin el concurso de las FFAA. Es impensable pensar en construir una paz sólida al margen de ellas, pero tendrán que
definirse y hacerlo de forma pública. Las FFAA no tienen curules que los representen ni deben tenerlas, pero sí juegan un papel político principal porque Colombia vive atravesada por lo bélico desde hace al menos 80 años. Es tiempo de definiciones que se produzcan rápido: o se suman al Gran Acuerdo Nacional, que debe ir más allá de los partidos políticos o se perpetúan como enemigos de la paz. No se trata sólo de respetar un cese al fuego —tan necesario para las comunidades—, sino de trabajar pensando en el mediano y el largo plazo en el que los soldados vuelvan a ser los protectores de un pueblo al que llevan décadas viendo con recelo.
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