Por: Camila Villamizar, corresponsal de Antorcha.
Desde hace un par de meses el conflicto armado que se venía presentando en diferentes partes del Valle del Cauca de parte del paramilitarismo y los grupos armados organizados sin un horizonte político, se ha intensificado en todo el suroccidente colombiano acompañado y catapultado por el narcotráfico. Es el caso de Cali, donde producto de todas las alianzas entre ex FARC, paramilitares y bandas de los antiguos carteles, se han presentado casi 10 acciones de estas bandas solo durante el 2025, donde se han asesinado más de 12 personas civiles y han resultado heridas más de 80 personas.
Los objetivos principales de estas bandas no han sido las fuerzas armadas, han sembrado el terror en los territorios y a pesar de sus claras intensiones en cada acción en la que la mayoría de víctimas son civiles, el gobierno de turno con su ‘paz total’ les ha dado un estatus político como ha sucedido con el narcoparamilitarismo del Clan del Golfo, en su momento con las disidencias de las ex FARC y hasta con los traidores de nuestra organización en el suroccidente colombiano. Una ‘paz total’ que bajo su modelo de DDR (desmovilización, desarme y reinserción) no ha logrado generar cambios significativos en la sociedad ni en los territorios directamente afectados por este conflicto.
Actualmente, en la ciudad Eder viene exigiendo más y más presupuesto para invertir en seguridad, la militarización y securitización como única solución a todo este conflicto solo ha intensificado la violencia en la sucursal, sin garantizar la seguridad que tanto viene vanagloreando el gobierno local para la comunidad caleña. La visión obtusa de considerar que con más fuerza armada se resolverán problemáticas que son estructuralmente sociales, da como resultado un sobre costo en una fuerza que no da a basto y una falta de inversión social para brindar oportunidades a la juventud que en su mayoría es la afectada.
Esta supuesta ‘seguridad y vigilancia’ termina siendo garantizada solo para la mal llamada ‘gente de bien’ y para la infraestructura económica y propiedad privada de los ricos de la ciudad; reflejo de esto es cómo según informes de las autoridades locales los dos barrios más peligrosos de la ciudad son Alto Jordán en la ladera de la ciudad y Comuneros I al oriente, siendo las periferias de la capital la centralidad de la violencia y la delincuencia mientras los ricos duermen tranquilos.
La inversión en drones, carros blindados, cámaras de seguridad y fuerza por tantos meses, con un montón de operativos que no han beneficiado realmente a los y las caleñas, sigue demostrando que la militarización y la inversión en guerra no resolverá un conflicto que tiene como base y causa real las problemáticas sociales de una comunidad caleña que requiere de oportunidades en educación, empleo, vivienda digna, etc. Ejemplo de ello son políticas fascistas y guerreristas como la idea del MinDefensa y ahora apoyado por la gobernadora del Valle, de bombardear territorio del Valle y del Cauca para contrarrestar la violencia.
Hasta que el enfoque no cambie, la visión obtusa de esta alcaldía fascista, violenta y neoliberal nos seguirá llevando a este círculo vicioso donde los afectados directos son las comunidades. Ya quedó más que claro que políticas como la fracasada ‘paz total’ que da estatus político a terroristas, paramilitares y narcos solo mancha de sangre nuestros territorios y por eso seguimos en las diferentes regiones del país enfrentando estas bandas en el legitimo derecho a la rebelión y la lucha armada. La justicia social se construye buscando soluciones políticas al conflicto, defendiendo la vida y terminando con toda dinámica que busca arrebatarla.
