Por: Paula Gutiérrez, corresponsal de Antorcha Estéreo.
Estas ultimas semanas se aprobó la reforma a la salud. Durante el debate, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), afirmó que el sistema de facturación debe ser modificado porque tiene más personal administrativo que asistencial. Y entre los puntos aprobados está la creación de Centros de Atención Primaria en Salud, para brindar acceso a este derecho desde los territorios y barrios del país.
Actualmente, las autoridades afirman que supuestamente hay una cobertura de 99,6% de población afiliada al sistema de salud, sin embargo el acceso a este derecho es pésimo y quienes han podido acceder a salud no es de la mejor calidad. Esto se debe a que se ha tenido una visión de ver la salud como un negocio y no como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Por eso, hoy las EPS son las empresas que prestan este servicio al colombiano o colombiana que tiene cómo pagar por su salud. El Estado es dueño del 50% y la otra mitad les pertenece a las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio, Compensar y Comfenalco Valle. Esta composición le da una importante presencia regional.
En este orden de ideas, la más grande de las EPS es la Nueva EPS, de ahí le sigue Sánitas, que hace poco estuvo en una fuerte escándalo por su irresponsabilidad en no asumir una serie de deudas que afectaba la continuidad de la entrega de medicamentos a sus beneficiarios. Medimás, la tercera EPS más grande del país, fue creada en 2017 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En nuestro país, solo quienes tienen cómo pagar, acceden a este servicio, que en realidad debería ser un derecho. La privatización de la salud que se volvió política gracias al ex presidente paramilitar Álvaro Uribe Vélez y la ley 100, ha puesto a los y las colombianas en una situación de denigración sin acceso a servicios y derechos fundamentales como lo es la salud.
Este sistema ha puesto al pueblo a enfrentar dificultades cambiando de oficinas de atención, aumentando procesos burocráticos para que puedan acceder al servicio de salud, el aumento en la cuota moderadora de los cotizantes y beneficiarios, entre muchas otras. El régimen contributivo y subsidiado sigue llevando el dinero a las mismas empresas, para que brinden un servicio pésimo al pueblo. Junto con prácticas como el carrusel de la muerte, donde primero se mueren los pacientes antes de acceder a una cita o tratamiento.
El sistema de salud colombiano en las últimas décadas viene evidenciando una necesidad de cambios estructurales, una reforma a la salud que deje de beneficiar a los ricos y que transforme la visión de la salud como un negocio y garantizarlo como un derecho. ¿o es que no es nuestro derecho como pueblo?
La construcción hacia un país con justicia social debe atender situaciones y problemáticas tan graves como esta, donde la población colombiana que envejece se le niega este derecho y a los más empobrecidos no les permiten acceder.
La salud, la educación y la vivienda deberían ser garantizados y no seguir siendo privatizados por la élite de este país. La participación en proceso de transformación como hoy está sucediendo en el marco de la mesa de diálogo entre el gobierno y nuestra organización, hacen parte de los pasos que como sociedad tendremos que seguir dando para cambiar esta desigualdad y falta de oportunidades que enfrenta el pueblo, porque PARTICIPAR ES TRANSFORMAR.
