Por: Violeta de los Andes, corresponsal de Antorcha Estéreo
El 12 de febrero el fiscal Francisco Barbosa salió de su cargo, detrás de él varios cuestionamientos por su actuar durante el ejercicio de su cargo y junto a ello queda libre el puesto de fiscal que aún no ha sido nombrado por la Corte Suprema de Justicia, ya que ninguna de las candidatas de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro obtuvo la mayoría de la votación y mientras tanto, no sabemos por cuanto tiempo, porque la Corte Suprema puede tomarse todo el tiempo que considere necesario así establecido en la ley, queda nombrada la también cuestionada vicefiscal Martha Mancera como Fiscal Encargada, hasta que sea elegida una nueva Fiscal.
La molestia de la gente evidenciada en las manifestaciones que se llevaron a cabo el pasado 8 de febrero, frente a las instalaciones de los palacios de justicia en distintas ciudades del país, exigían el nombramiento de la Fiscal YA! hecho que no se dio y aumentó el fervor de estas protestas, presentándose algunos casos en los que hubo enfrentamientos con la policía.
Como siempre, medios y personajes de la derecha han salido a decir que se vulneran los derechos de los magistrados. Algunos medios han llegado a inventar que era tan grande la furia y violencia de los manifestantes que tuvieron que sacar a los magistrados en helicóptero. Gerson Chaverra, presidente de la Corte, insistió que se trató de un “bloqueo violento e ilegal”, tal es así que la Fiscalía General de la Nación anunció que conformó un equipo especial que se encargará de esclarecer los hechos, establecer si se cometieron delitos y tomar acciones.
Pero más ilegal es negarle al pueblo el derecho a manifestarse en contra de lo que considera que afecta al país, exigiendo sus derechos. Es justo manifestarse por la elección del fiscal, y es justa su molestia porque según datos, los magistrados han tardado hasta 16 meses para elegir un fiscal y en este caso podría amañarse porque Mancera es de la misma calaña de Barbosa. Es válido exigir, porque son funcionarios públicos, que pagamos con nuestros impuestos, que se eligen para velar por la justicia en el país, es más vergonzoso seguir estigmatizando la protesta social y negando al pueblo lo que legítimamente le pertenece.
