Por: Margarita Giraldo Builes, corresponsal de Antorcha.
El pasado 10 de junio el congreso colombiano dio luz verde a la ley «Niñas sin ablación», que busca prevenir, educar, atender y erradicar la mutilación genital femenina; con esto Colombia pasa a ser el primer país de la región con una norma específica contra esta práctica. Entre 2020 y 2025 se registraron 204 casos, más de la mitad de las víctimas tenías entre 0 y 5 años, y 177 denuncias corresponden a niñas indígenas, mayormente de la comunidad Emberá, concentradas principalmente en Risaralda y Chocó. No es una costumbre generalizada en todos los pueblos originarios, pero sí es una realidad dolorosa para quienes la sufren; dejando profundas secuelas físicas y emocionales de por vida (Dolor crónico, infecciones, riesgos en embarazo y parto) esto es una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas que no puede normalizarse baja la bandera de la tradición y cultura.
La ablación se enmarca en un vínculo donde el colonialismo impone jerarquías de género, raza, etnia dentro y fuera de los territorios. Esta práctica es una forma de control sobre los cuerpos feminizados. Y así desde el patriarcado cualquier rito que limite la autonomía corporal es una herramienta para reproducir jerarquías de género y división sexual del trabajo. No es un hecho aislado de costumbre o tradición, sino que es una pieza donde se mantienen sometidas a niñas y mujeres en contextos donde el patriarcado y la reproducción social se entrelazan con la pobreza y la falta de oportunidades. Y pone sobre la mesa una discusión necesaria, porque nos lleva a preguntarnos ¿hasta dónde llega la libertad cultural cuando choca con la integridad física y la dignidad? Esto no es solo una cuestión de salud pública ni de regulación estatal, es un campo de resistencia por la soberanía corporal y las decolonización de los cuerpos.
Prohibir la ablación era urgente, pero la ley por si sola no resuelve el problema, si el estado limita su acción a la sanción sin cambiar las condiciones materiales, estructurales y culturales que sostienen la práctica, la violencia se hará en la sombra y las mujeres y niñas seguirán sufriendo las consecuencias. En los territorios donde se registran la mayoría de casos, la mutilación aparece atravesada por la pobreza, ausencia de acceso a servicios públicos, de educación, de salud, el control patriarcal sobre la soberanía de los cuerpos femeninos y formas de dominación que reproducen la desigualdad. Defender la autonomía y soberanía de los pueblos no puede transformarse en complicidad patriarcal, así la lucha anticolonial no debe ser soporte para la violencia de género.
No debe admitirse la normalización del daño bajo el argumento de la tradición y cultura. ¿Hasta dónde debemos tolerar lo cultural, si la cultura se entiende como práctica viva que reproduce identidades, sentido y merece respeto; si la cultura legitima la expropiación del cuerpo de otras, se convierte en arma de dominación y de este modo no hay tradiciones cuando parten de la desigualdad estructural.
Es necesario tener en cuenta que la lucha contra la ablación tiene que ser también anticolonial, porque esta práctica viene mayormente de poblaciones indígenas que también sufren violencia histórica colonial y por parte del Estado. Pero hay un punto de quiebre importante entre reconocer el derecho colectivo a la cultura y soberanía, y no apoyar prácticas que vulneran y violentan los cuerpos de mujeres y niñas. Defender la autonomía y soberanía no puede transformarse en complicidad patriarcal. Liberar cuerpos exige también liberar y transformar territorios; proteger a mujeres y niñas exige cambiar las relaciones sociales, políticas y económicas que sostienen esta violencia.
Esto también es una cuestión de clase, donde las mujeres más afectadas por estas prácticas son las más precarizadas. Así la emancipación y descolonización corporal exige transformar las relaciones económicas que empujan a la gente a aferrarse a la tradición como recurso identitario cuando se les niega todo lo demás. Apostar por una salud gratuita, suplir todas las necesidades básicas, fortalecer las estructuras colectivas y comunitarias dentro de los pueblos es parte de la estrategia emancipadora. La represión moral sin justicia social es seguir sosteniendo el status quo.
La ley «Niñas sin ablación» abre puertas; pero la salida verdadera será colectiva, del pueblo organizado; cuando las mujeres y niñas puedan decidir sobre sus cuerpos, su propia soberanía y autonomía. Prohibir la ablación es fundamental, pero insuficiente si no viene acompañado de un cambio material y estructural, pedagógico y político que permita la autonomía de las mujeres dentro de sus pueblos. La defensa del cuerpo se asume con rabia y solidaridad, decisión y organización, fortaleciendo la autonomía para arrancarle poder al patriarcado desde adentro. Han sido las compañeras dentro de sus territorios, las que han levantado esa bandera y su fuerza es la brújula que ha permitido visibilizar esta práctica, hacerle frente y tratar de cambiarla, para abrir caminos de dignidad y resistencia. La liberación no admite puntos medios, o defendemos a las mujeres de todas las violencias, o nos hacemos cómplices de todas. Por que no hay emancipación ni liberación real si la cultura y tradición puede mutilar la libertad de la mitad de la población.
