Por: Benjamín Torres
Con el argumento a la legitima defensa de la propiedad privada, las libertades y de la familia, avanza una matriz mediática de la derecha, basada en los altos índices de inseguridad, agigantados por las grandes empresas mediáticas, promueven un proyecto de ley, para legalizar el porte de armas.
Este proyecto ha sido presentado en el Congreso de la República en repetidas ocasiones, pero hasta el momento no ha tenido éxito, ¿es posible que el porte legal de armas solucione los conflictos estructurales en el país?, ¿estas armas al servicio de quién estarían? Para intentar resolver estas cuestiones, abordaremos dos ideas: la dominación contra el pueblo colombiano y la militarización de la vida como forma de control y coerción social.
Contra el enemigo interno
La dominación contra el pueblo colombiano se ha ejercido desde la colonización hasta nuestra actualidad y aunque han existido momentos en donde parece que la correlación de fuerzas juega a nuestro favor, la burguesía ha encontrado el modo para reacomodarse y mantener dicha dominación, sea por medio de la coerción o por medio del consenso. Las armas del Estado siempre han estado en función de reprimir al pueblo y, más aún, si éste decide organizarse para confrontar al régimen, esta evidente guerra de clases desigual siempre ha puesto a las elites de este país en un escenario de favorabilidad.
Para la burguesía colombiana dirigida por el imperialismo norteamericano no le fueron suficiente las armas «legales» del Estado,
sino que, a mediados del siglo anterior, cuando la insurgencia de la mano del pueblo venía en ascenso de luchas y gozaban de una gran legitimidad, construyeron la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual rige hasta el día de hoy; esta doctrina civico-militar encarna y organiza la estrategia paramilitar en el país, esa misma que con la excusa de defender las «libertades» armó y entrenó civiles, en su mayoría de extracto popular, dirigidos y pagados por militares, grandes terratenientes, empresarios, narcotraficantes y sectores políticos poderosos del país, para confrontar militarmente de la mano de las fuerzas militares del Estado a todo aquel que significara un riesgo para salvaguardar la hegemonía; dicha estrategia paramilitar también fue política e ideológica para deslegitimar la lucha popular e insurgente, y copar escenarios del Estado que le dieran legitimidad y apoyo al paramilitarismo.
Esta Doctrina de Seguridad Nacional se fue materializando, inicialmente en la burguesía y después dentro de la misma sociedad en una ideología de enemigo interno, en donde cualquier ciudadano es sospechoso y puede representar un peligro para el poder; entonces, los elementos descritos anteriormente, nos muestran que estas ideas ultra conservadoras de porte legal de armas ya se han visto reflejadas en otros momentos de la historia y que han significado un avance cualitativo en la lucha de clases a favor de la burguesía.
La esencia de esta propuesta de la derecha colombiana es darle continuidad a esta doctrina de seguridad nacional y escalarla a niveles de represión más agudos, que les permita mantener el control de la sociedad y salvaguardar sus intereses de clase.
La balacera
En la misma vía, la militarización de la vida ha sido una estrategia de control y coerción social; la ofensiva ideológica de la burguesía ha
generado en fragmentos de la clase popular, una visión guerrerista, aporofóbica y contrainsurgente la cual los lleva a velar por los intereses de aquellos que los dominan y empobrecen, es decir los patrones de este país.
Al mismo tiempo, el tratamiento militar que el Estado le da a los diferentes problemas sociales ha generado una profundización de los mismos y una idea de que los problemas sociales se solucionan ‘a bala’; esta condición es la que permite que propuestas como el porte legal de armas goce de tanta legitimidad popular y que le permita a la derecha escalarla para presionar al Congreso de la República y a la misma Corte Constitucional.
Si bien existen grandes problemas de seguridad en el país, muchos de estos han sido provocados por la proliferación del paramilitarismo, aquel que llaman clásico, pero también ese “nuevo” paramilitarismo que hoy se viste de banda criminal para ocultar su esencia la cual es igualmente contrainsurgente y narcotraficante; por otra parte, la precarización de la vida ha llevado profundizar estos problemas de seguridad, generando una cultura del rebusque; y finalmente la narco cultura (estrategia paramilitar también), ha llevado a que más, jóvenes sobre todo, engrosen las filas de estos grupos paramilitares y de delincuencia común. En todos los casos la responsabilidad es del Estado el cual se niega confrontar estos problemas de raíz y, por el contrario, ofrece la militarización como respuesta superficial a un
problema estructural.
Finalmente, los planes de vida de las comunidades hacia la construcción de poder popular es un camino diferente y radical hacía, no sólo el problema de seguridad, sino de empujar las transformaciones sociales que este país requiere, pero además para dar saltos cualitativos en la lucha de clases que nos permitan vislumbrar esos horizontes del buen vivir.
El actuar asesino y represivo de las fuerzas militares del Estado, ha llevado a las comunidades a generar nuevos mecanismos de auto protección, generando así escenarios de armonía comunitaria y de confrontación al régimen. Al día de hoy el pueblo organizado debe seguir exigiendo el desmonte del paramilitarismo y fundamentalmente el desmonte de la doctrina de seguridad ciudadana, al tiempo que fortalece la organización popular y reconstruye el tejido social, que por muchos años ha sido golpeado por las fuerzas represivas del Estado; las armas sólo serán legitimas cuando el pueblo las empuñe para derrocar a quienes lo dominan por medio de las armas, de la manipulación, de la política y de la economía…
En conclusión, la propuesta de porte de armas de la derecha colombiana, no es más que la misma receta vieja y retardataria de controlar la sociedad y el poder, fortaleciendo la doctrina de seguridad nacional, aplicada por más de 50 años en el país, aplicando la falsa tesis de solucionar los problemas sociales mediante el tratamiento paramilitar.
Básicamente la propuesta consiste armar a los que llaman “la gente de bien” para atacar a los eslabones más bajos de esa cadena de delincuencia auspiciada por el mismo Estado, pero además a todo aquel que parezca sospechoso o peligroso para sus intereses, profundizando así el odio y la estigmatización hacia los sectores populares. Y por otra parte está el pueblo que se viene organizando y proponiendo mecanismos autónomos de auto protección para permanecer en el territorio y hacerle frente a la arremetida paramilitar que promete exterminar a quien se interponga en los intereses de la burguesía y el imperialismo.
