Por: Eliecer López, corresponsal de Antorcha.
El inicio de 2026 ha dejado una de las señales más preocupantes en materia de derechos humanos y seguridad en Colombia: 35 masacres registradas en apenas el primer trimestre del año, configurando el arranque más violento desde 2020. La cifra, lejos de ser un dato aislado, refleja una tendencia creciente que vuelve a encender las alarmas sobre la persistencia de los asesinatos silenciados en el país y la incapacidad estructural para garantizar la vida en amplias regiones de C
olombia. En medio de discursos oficiales que insisten en avances, los hechos en el territorio parecen contar otra historia: la violencia sigue marcando la cotidianidad de comunidades enteras.
Los reportes de diferentes fuentes coinciden en que esta escalada de masacres se concentra en zonas rurales y periféricas, donde históricamente han operado bandas paramilitares junto a el Estado y donde el control territorial sigue de las bandas. Departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y regiones de la Amazonía son los más afectados. Las masacres definidas como el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho no solo evidencian la brutalidad de los asesinatos, sino también la fragilidad de las condiciones de seguridad para la población civil. En estos territorios, la combinación de economías ilegales, ausencia estatal y disputas por el control local continúa generando un escenario propicio para la repetición de estos crímenes.
Más allá de las cifras, lo que se instala es una sensación de abandono. La inseguridad no es una percepción abstracta, sino una realidad concreta para miles de personas que viven bajo la amenaza constante de la violencia. Desde distintos sectores sociales se evidencia que el gobierno no ha hecho implementar medidas eficaces para frenar esta situación, ni ha dado respuestas integrales que atiendan las causas profundas del problema. La protección de las comunidades sigue siendo insuficiente, mientras los hechos violentos se repiten con una frecuencia alarmante. En este contexto, voces críticas insisten en que la defensa de la vida y del territorio debe ser una prioridad real y no solo un enunciado. La falta de acciones contundentes refuerza la idea de que el Estado no está cumpliendo su papel fundamental de garantizar seguridad, especialmente en las regiones más golpeadas por la violencia.
Uno de los episodios más estremecedores de este inicio de año ocurrió en El Retorno, en el departamento de Guaviare, donde fueron asesinadas 27 personas en un solo hecho, convirtiéndose en una de las masacres más graves de los últimos años. Este caso sintetiza la magnitud de la crisis: comunidades enteras expuestas, presencia de bandas narcoparamilitares como Ivan Mordisco, Medina «Pescado» con alta capacidad de daño y sin una respuesta institucional que nunca llega para darle una solución a estos hechos. Además, entre las víctimas de distintas masacres se han reportado menores de edad, lo que agrava aún más la situación y evidencia el impacto indiscriminado de la violencia. A estas cifras se suma el asesinato de líderes sociales, que continúa siendo una constante preocupante en Colombia. Aunque los números exactos varían según las fuentes, decenas de líderes han sido asesinados en lo que va del año, en un patrón que busca debilitar procesos organizativos y silenciar las voces comunitarias. La combinación de masacres y homicidios selectivos configura un panorama de alto riesgo para quienes defienden derechos en sus territorios.
La persistencia de las masacres demuestra que no basta con medidas parciales o respuestas reactivas; se requiere una intervención integral que aborde las raíces del conflicto. Factores como la desigualdad, la falta de oportunidades, la débil presencia institucional siguen alimentando la violencia. Sin un enfoque estructural. La situación actual no solo representa una crisis de seguridad, sino también un desafío profundo para el país
Frente a este panorama, las masacres en Colombia se vuelve urgente e inaplazable. Las cifras del primer trimestre de 2026 no pueden ser leídas como un hecho coyuntural, sino como el reflejo de problemas estructurales no resueltos. La respuesta estatal requiere mayor coherencia, presencia efectiva en los territorios y un compromiso real con la protección de la vida. De lo contrario, el riesgo es que la violencia continúe escalando y que estas cifras dejen de generar indignación para convertirse en una normalidad peligrosa. Colombia enfrenta, una vez más, el desafío de romper el ciclo de la violencia, en un momento donde la vida del pueblo sigue dependiendo de decisiones que jamás han dado respuestas para buscar soluciones concretas.
