Editorial Revista Insurrección Nº 832
Comando Central (COCE)
En las últimas dos semanas hemos asistido a una cascada de hechos que siguen dando cuenta del terrorismo de Estado, del comportamiento mafioso y criminal del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas (FFAA) e igualmente del carácter antidemocrático de este régimen.
El martes 22 de febrero asesinaron en San Martín, Cesar, a dos destacados dirigentes sociales Teófilo Acuña y Jorge Tafur, integrantes del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos, el mismo día intentaron asesinar al periodista Julián Martínez, quien reiteradamente ha denunciado los nexos del Expresidente Uribe con el narcoparamilitarismo y en esta misma semana asesinaron en el Putumayo a dos firmantes del Acuerdo de Paz, Fabián Rodríguez y Jorge Santofimio, con lo que se eleva a 305 los asesinados después de la firma de noviembre de 2016.
Días antes la policía interrumpió bruscamente la audiencia de la Comisión de la Verdad con el capo narcotraficante y paramilitar del Clan del golfo Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, cuando este hablaba de los nexos entre las FFAA, las clases dominantes, dirigentes políticos y el entramado estatal con los grupos narcoparamilitares, horas después las grabaciones realizadas intentaron hurtarlas de la vivienda del investigados que las tenía.
Los días anteriores los Obispos del Chocó declararon que la región del Pacífico atravesaba una aguda crisis humanitaria generada por la evidente colusión entra las FFAA y el Cartel narcotraficante del Clan del Golfo; las FFAA y el Gobierno negaron tal realidad y exigieron la retractación a los prelados, además el 18 de febrero el Ministro del interior declaró que las afirmaciones de los Obispos eran “falsas y extravagantes”.
Simultáneamente la prensa inició a publicar lo que desde años atrás era un ‘secreto a voces’: la vinculación del Excomandante de las Fuerzas Militares, el General de cuatro soles Leonardo Barrero con el Clan del Golfo en el Cauca y Nariño, al General Barrero lo consideraban el Padrino de este cartel, oficial que para ascender todos los escalones de mando y aspiraciones políticas contó con el patrocinio de Álvaro Uribe.
Toda esta cascada de hechos cubre sólo las dos últimas semanas y se suma a las miles de situaciones que se han conocido en los meses y años anteriores, indicando la realidad del país, el carácter real de las FFAA, el comportamiento genocida de los sectores dominantes y sus instituciones.
Para ampliar el cuadro recordemos sólo tres hechos relevantes de estos años que van en la misma dirección:
* En toda la prensa colombiana se dieron a conocer en el 2020 las grabaciones del narcotraficante conocido como el Ñeñe Hernández, en las que este recolectaba dineros y compraba votos para la campaña presidencial de Duque, las fotos en las que posaba con el Presidente y su asistencia a la posesión presidencial.
* La convivencia entre la Policía y el paramilitarismo urbano el año pasado en la ciudad de Cali, cuando estos disparaban contra los manifestantes y el asesinato de 48 colombianos a manos de la FFAA durante las jornadas del Paro Nacional.
* Las múltiples acusaciones sobre los vínculos del Expresidente Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Frente a esas prácticas genocidas y la historia de terrorismo de Estado, ese tratamiento violento y mafioso de parte del Estado Colombiano contra las luchas legítimas de las mayorías, y debido a esa asociación de las élites dominantes, las FFAA y las instituciones con el narcoparamilitarismo y la barbarie, es que continuamos levantados en armas y buscamos una democratización radical del país, junto con muchos otros que tienen diversidad de posiciones y que a la vez desarrollan otras formas de lucha, todos estos esfuerzos arrojarán al basurero de la historia al capitalismo narcoparaco que atormenta a Colombia.
