Editorial Revista Insurrección Nº 887
Comando Central (COCE)
El Proyecto de Reforma a la Salud ha sido objeto de negociación con los grupos políticos que representan los intereses del capital privado, por esto harán algunos cambios para garantizar que sigan enriqueciéndose con el dolor y la muerte de las grandes mayorías.
La Ley 100 de 1993 fue el origen de la privatización del derecho fundamental a la salud, al permitir la creación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en su mayoría de origen privado, que no son otra cosa que intermediarios económicos entre los usuarios y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), encargadas de suministrar los diferentes servicios requeridos por los usuarios; por esto, el sistema no suple los requerimientos básicos, porque están reducidos a un paquete mínimo de servicios denominado Plan Obligatorio de Salud (POS), que no es acorde a las necesidades de los pacientes.
Este modelo neoliberal de salud al incorporar un intermediario financiero genera sobrecostos a la prestación del servicio y hace que éste no sea rentable para el Estado, quien debe asumir el costo de los pacientes, en cambio si genera un negocio lucrativo para las EPS, que no requieren de una alta inversión en términos de infraestructura, personal y equipos, solo requieren un andamiaje administrativo para subcontratar entidades que ofrecen el servicio; además sino cumplen sus obligaciones con las IPS es el Estado es quien las debe asumir.
El fracaso del sistema de salud reside en adjudicar la administración de un derecho universal a organizaciones con claro poder monopólico, y a la incapacidad institucional para determinar las necesidades insatisfechas y resolverlas; sin embargo, esta falencia no es subsanada en el Proyecto de Reforma presentado al Congreso, por el contrario, ratifica el rol de intermediarios que tienen las EPS y además las faculta para desarrollar los nuevos Centros de Atención Prioritaria (CAP), en otras palabras, amplía sus facultades que son el centro del problema, entonces, no será posible mejorar el servicio de salud sin intervenir estructuralmente las EPS.
El país necesita una Reforma a la Salud que gire en torno a la democratización del servicio de salud, que le restituya su carácter de derecho fundamental, que exige desprivatizarla para que esté al servicio de todos los colombianos y no a favor de los intereses de los empresarios.
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