Contextualización
En el transcurso del siglo XX las ciudades colombianas fueron receptoras de importantes olas migratorias provenientes de las diferentes subregiones y departamentos del país, a partir de este fenómeno se fueron construyendo una cantidad de asentamientos urbanos, originariamente de manera ilegal, pero que a través de sus dinámicas y de su consolidación se van legalizando con el pasar del tiempo. Las ciudades comenzaron a constituirse como un atractivo para los pobladores, que con gran expectativa veían en ésta la posibilidad de suplir las necesidades de empleo, salud y educación.
Con la urbanización caótica y agresiva que impone el modelo capitalista y la idealización de la ciudad como territorio garante de mejores condiciones de vida, se presenta un crecimiento urbano acelerado, en el cual comienzan a manifestarse y emerger conflictividades sociales y económicas, por la búsqueda de espacio para la vivienda, la dotación de equipamientos, el aprovisionamiento de servicios públicos, etc. A la par de estas problemáticas, en ciudades como Medellín y Cali se profundizan las tasas de desempleo y simultáneamente emerge el narcotráfico, hecho que genera nuevas dinámicas no sólo económicas y sociales, sino que a su vez impactan profundamente la construcción cultural de la sociedad en las ciudades.
Estas condiciones sociales, económicas y culturales que se han tejido en las ciudades y que inciden de manera directa en su conflictividad, evidencian la profundización de un conflicto urbano que ha rebasado a los gobiernos locales y nacionales.
Así mismo, con el auge del narcotráfico y la emergencia de grupos armados que controlan e inciden en la ciudad, se pone en cuestión el papel del Estado como garante de derechos y como actor legitimo para impartir la justicia y detentar el monopolio de la fuerza en diferentes territorios, comunas y localidades de las ciudades colombianas en las que se presenta una diversidad de “ordenes” que compiten y conviven simultáneamente.
La expansión de la pobreza, la concentración de la riqueza, la privatización de lo público y la estrecha articulación de las violencias urbanas con el conflicto político armado, ponen de manifiesto la existencia y desarrollo de dos realidades urbanas, una formal (para quienes rigen la justicia estatal) y otra informal, en la cual, como consecuencia de las precariedades económicas y la insatisfacción de los derechos básicos, se desborda la violencia.
La normalización de la violencia urbana
La segregación social, la fragmentación, la especulación del suelo, la disparidad en el acceso a los servicios de salud y educación, son efectos visibles que confluyen en una sinergia de eventos, identificadas como causales directas o motivadoras de violencia, prácticas, eventos y acciones que se van desplegando e intensificando en las ciudades.
En un territorio minado de tensiones, cambios constantes y volátiles, en donde el Estado no está presente o no garantiza sus responsabilidades, es inevitable el surgimiento, la consolidación y expansión de actores armados, que en la mayoría de los casos no son ajenos a las dinámicas comunitarias y que ejercen un control directo sobre la vida, los usos del espacio, las relaciones y la economía local.
Partiendo de este hecho, en ciertos periodos de tiempo en las ciudades colombianas, en donde la violencia ha asumido características mucho más acentuadas y agudas en determinadas regiones y coyunturas, dicha situación ha sido usada como justificación por parte de los gobiernos nacionales y departamentales, para darle al conflicto urbano un tratamiento de “guerra”, tratamientos que hasta el día de hoy han sido fallidos y equívocos, expresión de esto fue la intervención militar en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002.
Los barrios de las ciudades en los que confluyen y actúan múltiples actores armados, se han rediseñado bajo una cultura del temor y del miedo, cultura normalizada por los pobladores urbanos, quienes son testigos y espectadores de las respuestas permisivas e improvisadas por parte de las instituciones públicas llamadas a garantizar los derechos.
La violencia en las ciudades ha modificado las conductas de la población, así como la forma de percibir y resolver la cotidianidad, impone la ruptura de vínculos sociales y personales, estratifica formas y territorios y cristaliza las fronteras físicas, mientras tanto los pobladores urbanos cotidianizan la percepción a estos fenómenos y condiciones, por lo cual la violencia se transforma en una manera de vivir y padecer las ciudades.
