Contra el terrorismo de Estado, rebelión es justicia

Por: Juan Guerrero

«El armamento de la burguesía contra el proletariado es uno de los hechos mas considerables, fundamentales e importantes de la sociedad capitalista moderna…nuestra consigna tiene que ser: armar al proletariado para derrotar, expropiar y desarmar a la burguesía» V. Lenin.

Colombia se sume cada vez mas en la desigualdad, la pobreza y la injusticia social, fruto de un sistema obsoleto y de un Estado nefasto orientado por el narcotráfico y el paramilitarismo que justifica la guerra como forma «legitima» de defender la democracia oligarca. La crisis social y política por la que pasa nuestro país no es algo nuevo, por el contrario se ha profundizado con políticas retrogradas que atacan al pueblo y que buscan a como de lugar garantizar el status quo por medio del terrorismo de Estado.

Durante la superación del Covid-19, se demostró que Colombia no estaba lista para enfrentar una crisis sanitaria, social y política de tal magnitud, lo que ocasiono que mas del 50% de la población cayera en la pobreza, síntoma de este sistema convulsionado que prioriza la economía capitalista sobre la vida. En las ciudades las banderas rojas que sobresalieron en las casas no solo fueron una muestra simbólica de la ausencia de Estado, sino de la crisis por la que pasaba el gobierno de Duque para responder ante la situación. A pesar de que se realizaron intentos para garantizar los mínimos vitales por parte del campo popular, durante el 2020 no emergió una propuesta de lucha y movilización masiva que permitiera confrontar el régimen y transformarlo en pro del beneficio de las grandes mayorías. Como argumento para responder a esta situación económica caótica, el gobierno de Duque intento lanzar una reforma tributaria en contra del pueblo Colombiano, que dio como resultado la profundización de la crisis de gobernabilidad. Esta coyuntura fue aprovechada por el campo popular para fortalecerse y salir a las calles a defender la vida y la dignidad, con la consigna clara de que si el gobierno impone hambre, rebelarse es justicia. En el 2021 se fortaleció la necesidad de un cambio estructural caminando en pro de la consolidación de un gobierno democrático, con el fin de construir una Nueva nación en paz y equidad.

Lucha por el poder y violencia política

La lucha por el poder esta delimitada por unos objetivos, unos actores y unos recursos que se ponen en juego para tal fin, estos factores son claves a la hora de la contienda política puesto que marcan el curso de la lucha y el cambio en la correlación de fuerzas para la transformación estructural del modelo político, económico, social y cultural actual. Esta lucha por el poder no ha sido por la vía pacifica, como lo hace creer la oligarquía con su “democracia” hipócrita, por el contrario, a sido por medio de la violencia, como esta, se ha instaurando en el poder y ha hecho que los pobres seamos sometidos, obligándonos a destruir ese poder establecido e ir construyendo uno que pueda satisfacer a las mayorías. Esta noción que se tiene por violencia ha estado íntimamente ligada al conflicto del poder, puesto que es un modo de interlocución que en ocasiones termina siendo la única alternativa posible ante la imposibilidad de otros medios. En Colombia esta violencia ha sido de tipo estructural debido a que priva a la población de sus derechos, por medio de la imposición de las injusticias causadas por las instituciones sociales y políticas que reproducen la desigualdad social, el hambre y la pobreza que azota a la Nación.

El escenario que ha planteado la oligarquía ha sido de guerra sucia, es por ello que el campo popular ha visto la necesidad de desarrollar una fuerza insurreccional, con el objetivo de neutralizar la avanzada enemiga y garantizar una transformación estructural. Actualmente poco mas del 60% de la población colombiana vive en las ciudades, y es allí donde se desarrollo la confrontación durante el paro del 2021 y se viene avanzando en esa dirección.

Esta confrontación tenia un antecedente, que venia en un avance desde el 2019, con el 21 de Noviembre, y con las movilizaciones que se presentaron en auge desde el gremio educativo que venia luchando en contra de una reforma educativa impuesta por Duque. De igual forma a finales del 2020 en medio de la superación de la crisis sanitaria se presento un abuso de brutalidad policial que retumbo a nivel nacional, que fue el asesinato a manos de la policía del abogado Javier Ordoñez el 9 de Septiembre. Este hecho marco la historia de la ciudad capital y del país, puesto que provoco el levantamiento popular de los jóvenes -quienes en su mayoría son los directamente afectados por esta fuerza gubernamental- dejando según una noticia de Infobae cerca de 71 CAI destruidos; esta situación fue considerada como otro Bogotazo, puesto que no se presentaba desde 1948 un levantamiento de tal magnitud.

Hay que resaltar que en medio de la pandemia la policía aprovecho para excederse en el uso de la fuerza en contra de los mas desfavorecidos, violando el derecho a la vida, al trabajo y la cultura; usando como excusa la limitación de la libre circulación, para reprimir a los mas desfavorecidos, cuestión que permaneció después de superado el confinamiento, y que repercutió directamente en la clase popular. La lucha por el poder se convierte entonces en una confrontación de fuerzas, que busca como fin último por parte de la clase popular la transformación estructural del establecimiento, lo que implica la utilización de diferentes recursos de carácter político, ideológico, económico y militar que permita una avanzada en perspectiva de este objetivo. No es posible entonces un cambio en este país desde una perspectiva meramente pacifica o institucional, si queremos que el proyecto político siga vigente y triunfe, sino que es necesario una insurrección popular que posibilite la avanzada de las mayorías empobrecidas en el mejoramiento de las condiciones de vida desde la perspectiva de la dignidad, la democracia real y la justicia social

Terrorismo de Estado

Teniendo en cuenta este contexto, el conflicto por el que atraviesa Colombia en si mismo no es negativo, puesto que es un estimulador del cambio social, previene el estancamiento social, propicia soluciones a los problemas y ayuda a establecer identidades. Lo complejo de esta realidad, es que el Estado colombiano ha tratado de dirimir dicho conflicto de manera violenta, sin darle una solución estructural y de fondo a esta crisis socio-económica. Cuando la violencia se agudiza y se utiliza como último recurso para transformar el establecimiento, se convierte en la escusa perfecta para «legitimar» la represión estatal, como se ha evidenciado en la historia no solo de nuestro país, sino del continente y del mundo entero.

«La represión consiste en la acción del gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que se consideran que presentan un desafío fundamental para el poder existente o para las políticas claves de gobierno« Gonzalez, Eduardo.

En tal sentido, la represión se convirtió en el medio en como el Estado colombiano a tratado de mantener su legitimidad, atacando directamente a aquellas personas y fuerzas políticas que no estamos de acuerdo con el poder establecido, fortaleciendo una ideología donde el pueblo es el principal enemigo de las fuerzas gubernamentales y para-estatales. En nuestro país la represión ha sido tan exacerbada que ha llegado a considerarse como terrorismo de Estado, debido a que se intimida un sector de la sociedad (clase popular), por medio de asesinatos selectivos, hasta llegar al reinado de la represión que puede derivar en practicas elimicionistas de diverso tipo.

Durante el paro del 2021 según la ONG temblores se registraron un total de 5808 casos de violencia policial, de los cuales 5048 ocurrieron en el Paro Nacional. Del total registrados, 80 casos corresponden a violencia homicida, 105 casos de heridas oculares, 47 a violencia sexual de los cuales el 61.70% fueron mujeres, el 28.78% hombres y el 6.38% no binaries; y 1991 casos de violencia física. De los 5808 totales, 1507 casos se dieron en Bogotá, seguido de Cali con 1071, Pasto con 661, Medellín con 305 y Popayán con 124.

El terrorismo de Estado como expresión máxima de la crisis de legitimidad y de gobernabilidad del gobierno de Duque, fortaleció la idea de un enemigo interno, utilizando diferentes formas de represión para atacar a quienes salieron a las calles a luchar por mejores condiciones de vida. Las diferentes formas de protesta de carácter artístico, cultural y social en las ciudades fueron fuertemente reprimidas, según la ONG temblores se presentaron alrededor de 16 casos de hostigamiento a actividades comunitarias como ollas, clases, muestras culturales y artísticas, 49 casos de comparendos injustificados impuestos a personas que se encontraban realizando alguna actividad cotidiana en el espacio público y cerca de 66 montajes judiciales relacionados con la protesta social.

Dentro de los sectores mas afectos fueron la prensa con 176 casos de violencia, seguido de los 120 casos hacia personas defensoras de derechos humanos, 106 casos hacia estudiantes, 50 casos hacia brigadas médicas, 46 casos hacia primeras líneas y 21 casos hacia personas que se dedican a la venta informal; cifras dadas por la ONG Temblores. Es preciso mencionar que las personas que hicieron cubrimiento mediático en el paro fueron directamente atacadas por el impacto que las redes sociales tuvieron en la difusión de la comunicación en vivo de las protestas; siendo el factor tecnológico y de redes sociales estratégico en el sostenimiento del paro debido a que jugaron un papel fundamental en la convocatoria y el cubrimiento de este levantamiento popular, cuestión que se integro a la forma de lucha como mecanismo para defender la vida y masificar e informar sobre lo que realmente estaba pasando en el país.

«El que una acción de protesta sea definida como un derecho cívico o como un trastorno publico tiene efectos sobre la legitimación de los diferentes actores implicados en la acción». Gonzalez, Eduardo.

De tal manera, que la gran acogida de la gente legitimo el derecho a la protesta, respondiendo con ello a la imposición de la reforma tributaria, y dejando al gobierno en burla y desfavorabilidad. A pesar de los intentos de la oligarquía de mostrar este levantamiento como ilegitimo y “vandálico”, las redes sociales lo mostraron como justo y digno. Informando sobre los hechos de brutalidad y de represión, fortaleciendo la idea sobre la necesidad de que la clase popular saliera a las calles a protestar con dignidad ante la imposición de la política de guerra y sometimiento de Duque.

La ciudad de Cali y Bogotá representaron el epicentro de la rebeldía urbana que se venia acumulando desde años anteriores, según la ONG Temblores, Valle del Cauca fue el departamento en donde más hechos de violencia policial se registro, con un 27.67% del total de los casos, seguido de Bogotá con 25.95% y de Nariño con 11.52%. Cabe señalar que el territorio sur-occidental ha sido una región conflictiva no solo por la ausencia del Estado, sino también porque ha existido un conflicto histórico cultural, fundamentado en la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas. Esto desencadeno fuertes enfrentamientos entre la «gente de bien» y los indígenas de la minga que se tomaron Cali para respaldar el paro nacional. Allí las redes sociales de nuevo jugaron un papel importante, puesto que un grupo autodenominado los «patriotas» convoco una concentración para dirigirse a la sede del consejo regional de Cauca (CRIC) con el fin de intentar mediante la violencia amedrentarlos, reproduciendo con esto el racismo y el genocidio que han tenido que padecer los pueblos indígenas en nuestro país.

«El Estado diseño un modelo tripartito de división del trabajo represivo en policía, fuerzas paramilitares y ejercito regular para afrontar los distintos niveles de amenaza contra su orden impuesto”. Gonzalez, Eduardo.

La conformación de grupos autodenominados «gente de bien» fue una idea fundamentada en la defensa de la propiedad privada y de los intereses de los oligarcas. Uno de los casos que mas ha causado indignación y del cual aún no se ha hecho justicia fue el caso de Andrés Escobar paramilitar que disparo durante el paro en Cali al lado de unos policías que lo estaban respaldando, situación que reafirmo la idea de la alianza criminal que ha tenido el Estado colombiano con el paramilitarismo para imponer a sangre y fuego su poder.

Entrado el año 2022, Duque legalizo el paramilitarismo en las ciudades con esa tal ley de masacre ciudadana; que no es mas que una visión punitiva de la lucha social, siendo un intento de controlar el descontento social desde la criminalización y persecución política de quienes estamos en desacuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno, desconociendo el convulsionado sistema carcelario que tiene Colombia. Artículos relacionados al aumento de la pena privativa a 60 años, creación de nuevos delitos, así como la legitimación de acciones como la de Andrés Escobar en medio de una movilización sin control alguno, reafirma el manejo que le da a la protesta social este gobierno y Narcoestado. Lo mas terrorífico de esta ley y que refuerza la idea de la configuración del paramilitarismo legalizado en la ciudad, es el porte de armas menos letales o de fuego, lo que en pocas palabras significa que cualquiera que consiga un arma y un permiso puede matar a diestra y siniestra. En resumidas cuentas es una ley que busca frenar el descontento social que tiene el pueblo en contra de este Narcoestado, fundamentando la represión y el terrorismo de Estado como columna vertebral de su política de guerra, usándolo como amenaza por medio del uso sistemático de la violencia para crear miedo crónico a nivel social e impedir el avance del sector popular.

Sumado a esto, ha incrementado el asesinato contra lideres y lideresas sociales , según cifras de Indepaz en lo corrido del año han asesinado a 25 lideres y lideresas sociales y defensores de DDHH, 5 excombatientes de las FARC firmantes de paz, han ocurrido 19 masacres, con 82 víctimas. Esto demuestra una vez mas que la política estatal es de guerra contra el pueblo, dándole prioridad mas a una economía extractivista y a un «desarrollo» fundamentado en el narcotráfico y el paramilitarismo.

No hay que perder de vista que esta política tiene vinculo directo con el imperialismo. No es de gratis el anuncio que hace la subsecretaria para asuntos políticos de EEUU Victoria Nuland de una «donación» de 8 millones de dolares a la policía para fortalecer el aparato represivo. Es clara la intención del imperio, de seguir controlando política y militarmente al país, y de impedir que el bloque popular avance en los cambios tan necesarios que esta sociedad tan convulsionada necesita.

A pesar de que la política del Narcoestado sea de guerra, el ELN seguirá construyendo una Colombia insurrecta junto al pueblo, fortaleciendo las propuestas de insurrección popular que se generen en medio de esta crisis, respaldando la digna rabia de este pueblo que no aguanta más. Ya lo decía el comandante en jefe Camilo Torres Restrepo.

“Yo creo que el pueblo se tomara el poder de todas maneras. El pueblo que es la mayoría, tiene el derecho al poder. Habría que preguntar a la oligarquía como lo van a entregar. Si lo entrega de manera pacifica lo tomaremos de manera pacifica, pero si no lo quieren soltar, si lo defienden violentamente entonces lo vamos a tomar de forma violenta”

Seguimos firmes en la consigna de Ni Un Paso Atrás, Liberación o muerte, hasta que construyamos una Colombia en paz y con justicia social, seguiremos confrontando este terrorismo estatal, defendiendo fielmente los intereses de las mayorías.