Luego de una demora de mas de 20 días, el Ministerio se vio obligado a expedir el día 15 de Abril, el decreto que busca dar casa por cárcel transitoria, es decir en un período de seis meses, a un promedio de 4.000 a 7.000 personas privadas de la libertad para, según el gobierno, mitigar el impacto y evitar la propagación del COVID-19 en los centros penitenciarios y carcelarios del país.

Esto luego de que el pasado 23 de Marzo, el gobierno tuviera que declarar la emergencia carcelaria, luego de la presión desatada por las múltiples manifestaciones y motines que se dieron en simultáneo la madrugada de ese mismo día en la mayoría de cárceles y que dejaron 23 personas asesinadas por parte de la fuerza pública en la cárcel la Modelo de Bogotá y múltiples heridos a lo largo del país.

A este hecho se le suma en días recientes la grave situación de contagio que se viene dando en la Cárcel de Villavicencio, donde hay a la fecha se reportaron 12 detenidos, 1 administrativo y dos guardias del INPEC contagiados, así como 2 muertos.

El decreto expedido por la Ministra Margarita Cabello fue consultado, previa expedición con el Fiscal General y diferentes organismos institucionales, ya que en días anteriores se habían presentado varias controversias por dicho decreto, donde se cuestionaba la capacidad del ente fiscal para dar viabilidad la medida de casa por cárcel para tantas personas en tan poco tiempo y dónde incluso se denunciaba la falta de garantías de jueces e instituciones encargadas para la ejecución de dicho decreto.

En el detalle el decreto concede casa por cárcel en un período de seis meses o más, según avancen las medidas nacionales, y cubre a personas detenidas de Centros carcelarios y URIs de todo el país que tengan:

* Enfermedades pre-existentes graves como: cáncer, VIH, enfermedades pulmonares, entre otras
* Mas de 60 años
* Madres o mujeres gestantes
* Personas con penas menores a 5 años y que hayan pagado 40% de su pena.

Y excluye personas condenadas por delitos denominados de lesa humanidad, terrorismo, delitos contra niños, niñas y adolescentes, corrupción y narcotráfico.

Para gran parte de la población reclusa y la sociedad en general este, resulta un decreto bastante controversial, limitado y lo mas grave es que NO da solución o toma medidas claras para frenar el contagio del virus en los centros carcelarios, pareciera un decreto generado mas por la presión y resulta insuficiente para cuidar y proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. Entre otras porque:

El gobierno nacional expidió un decreto que sigue desconociendo los problemas estructurales y de fondo que tiene no solo la política carcelaria, sino la administración y manejo de los centros de reclusión en el país:

El hacinamiento NO se aliviará con la salida de 7.000 personas porque en el país hay una cifra de hacinamiento del 53% para 2020 y en Departamentos como Antioquia es caso del 130% o como en en Meta que llega al 100%. Bajo esta realidad será imposible generar espacios de aislamiento o contar con protocolos aplicables para el manejo de la pandemia.

Otra situación que oculta el gobierno nacional es las graves denuncias que hay frente a la garantía del derecho a la Salud. Ya para 2016 la defensoría del Pueblo acompañada por organizaciones de DDHH y organizaciones solidarias con la población carcelaria, hizo público la grave situación de cobertura en salud de los centros penitenciarios y carcelarios del país:

Por ejemplo:

– En 84 de los 132 establecimientos no había entrega de medicamentos.
– En 109 de los 132 establecimientos no habían insumos médicos y hospitalarios que permitieran desarrollar procedimientos básicos.
– Había 1 médico por cada 797 presxs o casos dónde no hay médico en la cárcel como en la de Villavicencio.
-7.300 presxs carecían de cualquier tipo de atención médica.

Esto sin profundizar las graves cifras y denuncias que ha hecho la población carcelaria, sobre todo de las cárceles llamadas ERON la Dorada, Picaleña y Valledupar dónde no se cuenta con agua potable o servicios básicos y dónde las condiciones de salubridad son realmente inhumanas.

Adicional a esto y en términos de política carcelaria, el decreto excluye y perpetúa la situación de exclusión y violencia política que viven los presos y detenidas políticas en el país. Por un lado desconoce el ofrecimiento que ha hecho el Partido Farc para atender en sus ZTR a quienes siguen detenidos, luego del incumplimiento del gobierno de excarcelación como parte del proceso de entrega de armas e ingreso a la JEP que tuvo esa guerrilla; y por otro lado desconoce también la petición que hizo el ELN sobre liberación de nuestros compañeros recluídos, desconociendo que en muchos casos se trata de personas que cumplen con las características propias de la población mas vulnerable de contagio: madres de menos de 3 años, gestantes, adultos mayores de 60 años, o personas que tiene enfermedades pre-existentes, no tratadas adecuadamente durante el tiempo de detención.

Mientras Ivan Duque sigue en sus alocuciones presidenciales pasando por alto estas y otras realidades que viven los pobres del país en medio de la emergencia generada por a pandemia, el pueblo sigue haciéndose notar de todas las maneras posibles. Es así como los detenidos del patio 16 de la cárcel Picota en Bogotá han buscando ser escuchados, declarándose en huelga de hambre desde las cero horas de 15 de este mes para que se tomen verdaderas medidas e implementen protocolos de salud que eviten la rápida propagación del virus.

Las cárceles son la muestra de la realidad que vive el país con un precario y raquítico sistema de salud pública. Las personas privadas de la libertad necesitan agua, cuerpos médicos, medicinas, inquipamentos de bioseguridad y unidades especiales de cuidados intensivos de manera urgente para mitigar la llegada del virus.