Por: Antonio Torres, corresponsal de Antorcha Estéreo.
A Santiago Uribe se le acusa de la conformación y liderazgo del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, que fue creado en Yarumal, Antioquia, a inicios de los años 90. Este grupo cometió más de 500 asesinatos y desapariciones, uno de ellos es del campesino Camilo Barrientos, fue asesinado en febrero de 1994 cuando prestaba el servicio de la ruta Yarumal, el homicidio de este hombre hizo parte de la mal llamada, limpieza social, como método de exterminio empleado por los grupos paramilitares en Colombia.
En el expediente se dice que Santiago Uribe permitió el entrenamiento de paramilitares en su propiedad y la celebración de reuniones para definir asesinatos. También se le señalaba de haberse reunido en su finca, con el coronel del ejércitoPedro Manuel Benavides y el mayor de la policía Juan Carlos Meneses, para atacar a la guerrilla que operaba en esa región de Antioquia. El juicio permitió develar el vínculo familiar de los Uribe con la historia del paramilitarismo.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en defensa de su hermano, aseguró que el proceso estuvo influenciado por motivaciones políticas y afirmó que incluso el presidente Gustavo Petro había contribuido a crear una mala imagen de Santiago Uribe. Pero todos sabemos el verdadero entramado y vinculación que siempre han tenido, en donde han sido históricamente los mayores genocidas de nuestra historia colombiana
Le hacemos un llamado al pueblo, que sigan denunciando todos los crímenes cometidos en todos estos años, para que no siga habiendo impunidad, frente al terrorismo paramilitar «NI PERDÓN NI OLVIDO»
![[Ciudad Rebelde] Enemigos del Pueblo [AUDIO]](https://insurgenciaurbana-eln.net/wp-content/uploads/2023/06/enemigosdelpueblo-374x249.jpeg)
Ciertamente, el «paramilitarismo de los Uribe» se inscribe en el contexto de lo que Salvatore Mancuso llamó «política de Estado» en declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, no redunda traer a la memoria que el paramilitarismo, como herramienta de terrorismo de Estado, es de vieja data y fue implementado por los ejércitos colonialistas ingleses en sus guerras de agresión en África y Asia. Posteriormente fue adecuado a sus necesidades contrainsurgentes por parte de Estados Unidos en su tristemente célebre Escuela de las Américas en Panamá, y aplicado en numerosos países de América Latina, África y Asia. Es de gran importancia tener en cuenta que ese instrumento de guerra sucia, sigue vigente en Colombia sirviendo los intereses de unas élites que no tienen voluntad política para implementar transformaciones estructurales que invaliden la «crítica de las armas». En ese Orden de ideas, la Ley 975 de 2005, no fue una Ley para la desmovilización del paramilitarismo, fue una Ley para su implementación en la estructura económica, social y política del país.
Desazón -por decir lo menos- provocó en las víctimas del paramilitarismo la absolución de Santiago Uribe Vélez por parte de un juez venal. Es claro que, tal manifestación de impunidad a cargo de un operador judicial, confiere razón al jurista austriaco Hans Kelsen cuando plantea que «El derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener». No menos claro, es que las élites colombianas detentadoras del poder, con la finalidad de conservarlo, han recurrido en numerosas ocasiones a la necropolitica, definida por el filósofo camerunés Achile Mbembe como «técnica de control social basada en la producción selectiva de grupos humanos entregados al exterminio».