Por colectivo Andrea
Los Planes de Ordenamiento Territorial son la alternativa institucional traída desde el escenario internacional para diseñar políticas reguladoras sobre los procesos de uso, distribución y planeación del territorio que se ha implementado -fracasando en el intento- para dar respuesta a problemáticas referentes al repartimiento y control de los mismos.
Con políticas de enfoque competitivo y limitado al carácter económico, los sistemas urbanos de países dependientes, se ven obligados a tomar ajustes completos de acuerdo a los criterios del mercado único global impuesto por el modelo neoliberal.
Lo que se desconoce con la formulación y elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial en todo el país, son los componentes que abarca en su totalidad “el territorio”, concepto que no debe ser emitido por actores ajenos a personas que conforman una determinada zona geográfica y que, entre otras prácticas sociales, constituyen sus formas de vida, concepción del mundo y de la realidad circundante. Es decir, lo que conocemos como territorio es producto de la contribución histórica de diferentes actores sociales, en consecuencia, un territorio por sí mismo en realidad es inexistente, este se definiría más bien como el espacio de construcción histórico, político y cultural a través de un conjunto de prácticas, costumbres, percepciones, representaciones, estrategias y valores de los seres humanos que lo conforman y por lo tanto implica así una identidad.
Identidad que al mismo tiempo hace parte de un contexto que abarca las formas de organización social y problemáticas que afectan a determinada población y/o comunidad. Identidades y contextos que son desconocidas por las políticas de ordenamiento territorial, producto del sistema neoliberal que no ve otra forma de desarrollo que la competitividad y el individualismo a costa de la armonía de las y los pobladores de la tierra colombiana.
La naturaleza de nuestro país es regional, por lo que la concepción de “región” debe ser entendida desde la naturalidad de su carácter en la procedencia de nuestros territorios y su ordenamiento, en consecuencia, las regiones no pueden ser decretadas, sino diferenciables e identificables según sus dinámicas y variantes propias. Según Juan B. Fernández R. “Las regiones son perpetuas, tiene base geográfica y fundamento geopolítico, científicamente se puede mostrar su existencia, delimitarlas y mostrarlas en un mapa”.
Dicho carácter regional ha sido desconocido a lo largo de nuestra historia territorial y política, muestra de eso es el panorama en políticas territoriales de la actualidad, en donde 900 de los 1.101 municipios del país requieren de actualización de su POT y solo 33 incluyen áreas rurales, con lo que se evidencia, que las proyecciones que se elaboran con supuestos fines de mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades, no es más que una excusa para justificar legalmente la inversión privada en espacios públicos que desencadena, contradictoriamente, en la privatización del mismo, disminuyendo así la calidad de vida de colombianas y colombianos a nivel departamental y municipal, en sus zonas urbanas y rurales.
Radiografía del asunto en Cúcuta
Este año el turno de actualización del POT fue para la capital norte santandereana, después de más de una década con vigencia del mismo documento territorial (aprobado en 2001 bajo el acuerdo 083) con tres modificaciones que efectivamente tampoco dieron resultado. Tras el incumplimiento total de más del 80 % en las supuestas metas propuestas, la ciudad ha seguido creciendo de manera desproporcionada.
San José de Cúcuta cuenta con 662.673 residentes en su territorio. Para el año pasado (2017) se proyectaba, según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE- que el aporte poblacional sería en mayor proporción desde la capital a los municipios de la región, pero el resultado ha sido contrariado, se estima que el municipio representa el 48,0% de la población del Área Metropolitana, en contradicción al 63,4% previsto.
Dicho crecimiento desorganizado es consecuencia de las políticas de privatización impuestas por el modelo neoliberal, el sistema capitalista, la negligencia gubernamental a cargo de William Villamizar Laguado y por su puesto el gobierno local de Cesar Rojas. Este último antecedido y continuador del gobierno paramiliar del exalcalde Ramiro Suarez. El levantamiento del POT actual va mostrando la gran influencia de este último sobre el actual gobierno, pues desde la Picota ha logrado que su esposa y su hija estén al frente de este importante plan para la ciudad, es decir, a Suarez Corzo no le bastaron los años de corrupción y contratos fraudulentos en contra de la población de la ciudad, ni tampoco el régimen de terror que encabezó, para continuar a través de su familia y allegados manejando de forma irregular la administración pública del municipio.
Al parecer la vena político-paramilitar corre por toda la familia Suárez, pues de la manera más cínica la familia actúa ligada a la actual administración municipal: Por un lado, Paola Suárez, la hija mayor, estuvo muy activa en la campaña electoral de César Rojas en el 2015, por otro lado, Omaira González, la esposa del condenado, ejerce como secretaria del posconflicto, mientras que Eimy Suárez González, la menor de la familia, está dando sus primeros pasos tras el legado de su padre, al ser contratista de la ciudad y lograr más de 400 millones de pesos para la formulación del POT.
Una muestra irrefutable del nivel de corrupción en las políticas reguladoras del POT, no son más que una herramienta legal para justificar la privatización de los territorios, a partir de la inversión económica de empresas contratistas cuyos intereses no tienen ninguna intención de bienestar social, es lo ocurrido con la Unión Temporal (empresa ganadora del concurso para la aplicación del POT), la cual se creó el 6 de mayo del año pasado, menos de 20 días antes de iniciar el concurso de la alcaldía para la entrega de 3 mil millones de pesos a interventorías, en cuya nómina, figura Eimy Suárez, familiar de la secretaria del despacho del municipio.
Pero como ocurre habitualmente, el papel aguanta sanciones, inhabilidades, destituciones y demás, siendo en la práctica los intereses de las élites económicas y políticas los relevantes a la hora de tomar las decisiones y negarle al pueblo y la ciudadanía sus derechos y garantías constitucionales.
Otra cosa que llama la atención es que una de las firmas que conformó la mencionada Unión Temporal, “coincidencialmente” es la misma que el año pasado recibió 3 mil millones de pesos en más de un contrato con la Secretaria de Educación.
Tantos miles de millones invertidos donde el panorama en cuanto a cobertura de educación a nivel departamental no es muy alentador; según el Departamento Nacional de Planeación- DNP- para el 2016 la cobertura neta educativa del municipio capitalino es desigual en los diferentes niveles de formación. Mientras que el nivel preescolar presentaba un cubrimiento de 64,6%, el porcentaje del nivel medio llegaba escasamente al 44%, cifras que para este año y a pesar de la inversión del año pasado no tienen gran diferencia, ni actualización en las páginas de consulta de estadísticas.
Con respecto a la calidad de vida de cucuteños y cucuteñas se podría seguir demostrando con cifras estadísticas que las inversiones privadas no representan mínimas garantías para el mejoramiento de la situación de crisis en la que se encuentra el municipio, pero por ahora lo que está a la expectativa, después de la socialización del POT proyectado para los próximos 12 años, es si esta vez dicho plan se demorará menos o más de 17 años en actualizarse y si su incumplimiento se dará en su totalidad o variara el 80% del plan anterior.v
