Por: José Vásquez Posada
El 28 de abril se dio inicio a un nuevo ciclo movilización popular en contra del gobierno nefasto de Duque-Uribe, un gobierno que ha hecho todo lo posible por agudizar las miserias y acrecentar las desigualdades que desde hace décadas se viven en Colombia. Frente a ello, es preciso, al calor de la movilización popular, mencionar algunos puntos que han sido claves en lo que viene ocurriendo y se replique en próximas movilizaciones.
Lo primero a destacar es que el pueblo ya no aguanta más. La propuesta de reforma tributaria, detonante principal de las movilizaciones, la gente la entendió como lo que era: una propuesta descarada, abusiva y desproporcionada frente a la realidad de millones de hogares en el país. Rápidamente entendimos que el discurso de solidaridad sobre el que se nos intentó vender la reforma no era más que propaganda barata que no se correspondía con la realidad. También comprendimos que la reforma golpea contundentemente a lxs trabajadores y que los grandes capitales salen prácticamente en blanco.
Lo anterior se suma a la seguidilla de hechos que ha protagonizado el gobierno en medio de la pandemia y que han generado más indignación: la iniciativa de salvar el sistema financiero con recursos públicos; la puesta en marcha de un plan para salvar a Avianca con el mismo dinero de los contribuyentes; la negativa de atender la petición popular de una renta básica que permita sobrevivir a millones de personas; la continuidad e inoperancia ante el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y excombatientes de FARC; la criminalización del pueblo que ha tenido que salir a las calles a rebuscar el diario para el arriendo, para la comida; las mentiras relacionadas con la adquisición de vacunas y la lentitud ligada al proceso de vacunación en relación a las metas que se prometieron a principio de año; la compra de aviones y tanques de guerra por precios astronómicos; y un largo etcétera que ya ni sorprende.
Toda esta rabia se condensó y explotó desde el pasado 28 de abril y ha ido incrementando de manera acelerada. En las principales ciudades capitales la gente ha marchado incansable en contra de la reforma, pero también exigiendo al gobierno que cese el exterminio sistemático de quiénes se organizan para defender la vida. Incluso en medio del tercer pico de la pandemia, con las UCI de las principales ciudades casi a rebozar, y con el temor apenas normal de lo que podrían suponer las marchas en razón de la aglomeración de personas, cientos de miles no han dado un paso atrás. La consigna en las calles ha sido que si el pueblo está marchando a pesar de los riesgos del contagio, es porque el gobierno es mucho más peligroso que el virus que desde hace un año ha matado a millones de personas en el mundo. Ya lo sabemos, mata más el hambre, mata más el desempleo, mata más la falta de garantías para la acción política, mata más la guerra en los territorios, mata más un sistema de salud precario. La gente ya perdió el miedo, todos los días tenemos que abarrotarnos en los sistemas de transporte público y estamos expuestos al virus, y es por ello que violamos los injustos toques de queda que pretenden encerrarnos en el pico de la movilización pero que son apenas parcializados en los picos de la pandemia.
En medio de estas masivas movilizaciones y como era de esperarse, ese acumulado de odio y desprecio que las clases dominantes han vertido sobre el pueblo tomó forma de confrontaciones con la policía, destrucción de infraestructura pública, ataques a empresas del sector financiero, saqueo de grandes almacenes, e incluso el ataque a un peaje en el norte del Valle de Aburrá. Prácticamente todos los días se han dado enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública en Bogotá, Medellín y Cali. El descontento es tan generalizado, que ya es común ver en redes y otros medios, posturas de miles de personas que comprenden el porque de la violencia del pueblo. Poco a poco las acciones de rabia contra los poderosos ganan legitimidad, y aunque el discurso de vandalismo ha sido predominante en los medios de comunicación tradicionales, muchxs colombianxs del común han visto estas acciones como válidas. La gente ha gritado que vandalismo antes que pintar una pared o cerrar una vía, lo es las deudas impagables del sistema financiero, el derroche de recursos públicos en megaobras fracasadas, la pobreza de casi el 50%, el desempleo de casi el 20%. Ante lo desesperanzador del panorama en manos del gobierno uribista, la acción violenta del pueblo ha sido legítima y se seguirá presentando.
Como segundo punto, es preciso analizar la respuesta que desde el Estado se ha dado a la movilización popular. Esta respuesta se compone principalmente de dos partes que pasan por la negación y la omisión de las peticiones desde el ejecutivo; y la respuesta de guerra y militarización que se nos ha dado a los manifestantes en las calles.
Respecto a la primera el gobierno se ha hecho el de oídos sordos y ha hecho como que no es con él. Ha desconocido en sus espacios de propaganda los millones de personas que han salido a las calles y ha centrado su discurso en las “acciones vandálicas que no van a tolerar” (ya nos lo sabemos de memoria). Que el descontento del pueblo no tenga respuesta solo aviva la rabia de la gente. En todas partes la postura ha sido, que por lo menos en lo que respecta a la reforma, no se quieren propuestas modificadas sino un retiro definitivo del proyecto, lo cuál claro está, sumaría los niveles de impopularidad del gobierno y le significaría una derrota desde todo punto de vista a escasos 12 meses de una nueva contienda electoral. El gobierno sigue demostrando descaradamente que solo está en función de los intereses de los grandes capitales y de la clase política dominante, y en una muestra no se sabe de qué, sigue de espaldas al pueblo que dice gobernar.
Por otra parte, y sumado a esta actitud recalcitrante y negacionista, lo que hemos visto en las calles es represión y tratamiento de guerra a la protesta social: envío de ESMAD, de Ejército, de Policía a las calles, acompañados de sus ya tradicionales carrotanques, tanquetas y helicópteros. Esa continúa siendo, ya en una larga línea histórica, la expresión del Estado en los territorios. Donde siempre ha brillado por su ausencia el supuesto Estado Social de Derecho, el Estado ha llegado con guerra como si así se respondiera a las necesidades de los pueblos. Donde ha tenido que defender infraestructura y grandes capitales, ahí se ha hecho presente, por eso los vemos velando por los intereses de bancos y grandes almacenes.
La represión ha sido brutal, las tres principales ciudades se han vuelto lugares de guerra urbana. Han disparado gases, recalzadas, aturdidoras, balas y hasta piedra le han tirado a los manifestantes, una confrontación desde todo punto desproporcionada. El balance al finalizar el mes de abril que presentaron las organizaciones de DDHH era de 7 muertos y al menos 25 más en proceso de verificación, más de 105 personas heridas, 31 personas desaparecidas, 45 defensores de Derechos Humanos agredidos en el ejercicio de su función, y una mujer víctima de violación sexual por parte del ESMAD en Cali. En medio de las protestas, el pasado jueves la orden de la Policía en Medellín fue arremeter contra los organismos de Derechos Humanos y prácticamente todos los que se encontraban en la movilización en dicha labor fueron agredidos. En Cali, durante la noche del viernes, la policía replegó las concentraciones con disparos a los manifestantes.
Toda esta situación propia de una dictadura militar en donde la falta de legitimidad de las clases dominantes se equilibra con bala, persecución y represión, solo ha aumentado el desprecio que se respira en el ambiente en contra de estas instituciones, principalmente la Policía, en la que la gente no cree y menos respeta. Por eso no pesa levantar una piedra contra ellos, por eso la gente celebra cuando una cóctel molotov da en el blanco, por eso los aplausos cuando se incendian las patrullas policiales. Su actuación hacia el pueblo que dicen defender ha sido tan arbitraria, que ya no se les ve como pueblo explotado como en algún momento se llegó a promulgar.
Seguramente la rebeldía y la confrontación seguirá creciendo en los próximos días. La única forma que tiene el gobierno de menguar un poco la protesta social es retirando totalmente la reforma, porque maquillarla y aprobarla solo sería, de su parte, echarle más gasolina al fuego. Tal vez, si el gobierno asume un papel de sensatez, retire la reforma y la movilización disminuya algunos días, pero los precedentes ya están marcados. La impopularidad de la ultraderecha seguirá creciendo, la gente seguirá respondiendo, por lo menos con espontaneidad a los atropellos que se sigan cometiendo; en el imaginario de la gente ya está que la movilización da resultados, así como también que el proyecto uribista está contra las mayorías nacionales y que la policía es una institución despreciable y que para nada merece respeto. En las calles, en los campos y ciudades continuaremos como pueblo la resistencia y la lucha por un nuevo gobierno de nación, paz y equidad. Como ELN acompañamos al pueblo en sus luchas de dignidad seguros que un futuro de justicia, paz y democracia esta en construcción.
