Por: Juan Guerrero

La corrupción es uno de los mayores males que ha marcado la historia de nuestro país, puesto que ha sido la forma en que los gobernantes nos han robado por medio de sus cargos institucionales, impuestos y reformas a la economía, legitimando esta práctica por los medios masivos de comunicación con el objetivo de naturalizar y reproducir la pobreza y la opresión. El término corrupción se evidencia sobre todo en organizaciones públicas (instituciones del Estado), y significa una serie de prácticas consistentes en la utilización indebida o ilícita de las funciones para aprovechamiento de los recursos a modo personal. En nuestra vida cotidiana se constata en la manera en como los malos gobernantes actuales aprovechan sus cargos para usar recursos del Estado en el enriquecimiento propio; cabe aclarar, que esto solo es posible en el marco de la “democracia” caducada, debido a que se insinúa que como el pueblo eligió a los gobernantes, no es posible cuestionarlos. Esta situación en si misma es corrupta, puesto que los entes de control también están penetrados por esta práctica y en la lógica de la “democracia” de nuestro país esta el imaginario, que solo hasta las elecciones es posible contrarrestar esta realidad. Cuestión que sabemos es una total mentira.

Hay un factor fundamental que cimienta y le da vida a la corrupción, es la afirmación de que esta práctica se da al margen de la democracia, puesto que al denunciarla no se engloba como una enfermedad estructural social, sino como un mal fuera de las políticas neoliberales, y se orienta a un visión mas moralista e individualista del fenómeno. De tal manera que se analiza la cuestión de la corrupción desde una óptica simplista y aislada de un carácter político, ideológico y económico, culpando a individuos o grupos particulares carentes de valores, acusando la conducta como algo particular referente a una desviación social. Justificando con ello que solo basta con organizar los entes de control institucionales, endurecer las leyes penales y crear mas aparatos burocráticos que sigan cubriendo de legitimidad el Estado.

Sumado a ello existen características socio-políticas y culturales impuestas en nuestro país que favorecen la corrupción como: la debilidad institucional representada en la incapacidad que tiene el Estado para controlar e impedir que se sobrepongan los intereses individuales sobre los colectivos; el clientelismo político que busca aprovechar la desigualdad y pobreza social como excusa predilecta de los politiqueros para comprar votos en época electoral; el narcotráfico como economía ilegal que busca consolidar mecanismos que permitan el desarrollo de dicha actividad; y el paramilitarismo como brazo armado de la ilegalidad para imponer la naturalización de dicho fenómeno social.

El Estado colombiano a nivel internacional y nacional es reconocido por los graves casos de corrupción relacionados a la parapolítica, Agro ingreso seguro, carrusel de contratación en Bogotá, la comunidad del anillo, Odebrecht, caída de puente de Chirajara, Hidroituango entre muchos otros; casos que han dejado a la luz pública que tipo de gobernantes tenemos y que intereses defienden. Dentro de la lógica opresora, el individualismo constituido en la propiedad privada ha jugado un rol fundamental puesto que engendra la idea de “necesidad” sobre la riqueza, es por ello que quienes nos gobiernan tienen esa -enfermedad- de enriquecerse, no con la producción, sino con el robo de los dineros públicos, producto del trabajo colectivo y social. La oligarquía colombiana no se aleja de esta realidad, debido a que se sujeta a la idea de ganar dinero y acumular riqueza a costa de la explotación de los mas pobres, sumiendo en la pobreza, la desigualdad, la descomposición social y la guerra sucia, a quienes luchamos por una vida más digna.

En la última semana se han destapado casos de corrupción que son pan de cada día, en medio de un panorama electoral que evidencia la incompetencia de este mal gobierno, basado en el narcotráfico y el terrorismo de Estado. Dentro de los casos mas representativos está, el escándalo de contratación en la casa de Nariño por los contratos multimillonarios por parte de Karen Vaquiro la esposa de Andrés Mayorquín, exasesor de María Paula Correa, quien firmo en 19 meses 24 contratos con el Estado y quién logró durante la administración de Mayorquín legalizar una suma de mas de 1.200 millones de pesos. Andrés Mayorquín pidió “perdón” tanto al presidente Duque, como a la jefa del gabinete, pues esta última dijo hace unos días que “pecó por inocente” y que supuestamente no sabía que Vaquiro también trabajaba en contratación pública y que tenía contratos con este Gobierno. Se hace creer a la sociedad que se va a hacer justicia con este caso, puesto que la procuraduría abrió una investigación disciplinar contra Mayorquín por posible tráfico de influencias, además de que Duque sancionará una ley de transparencia, la cual crea un sistema de detección y alerta temprana para “combatir” el incremento de patrimonio injustificado. Sin embargo, sabemos que esto es mentira, puesto que estas acciones lo único que buscan es cubrir de legitimidad al Estado y hace creer a la sociedad que se esta actuando ante este fenómeno.

En la misma línea se encontró que la esposa del secretario jurídico de Duque, habría tenido un comportamiento similar al de Vaquiro en temas de contratación con diferentes entidades del Estado, Claudia Montealegre esposa de Germán Quintero, secretario de Duque, abría cerrado contratos por mas de 650 millones de pesos, según Montealegre supuestamente nunca se oculto la relación que tenia con Quintero, no obstante de nuevo se coge de caballo de Troya estar en un cargo institucional para sacar intereses propios.

Otro caso de corrupción bastante sonado, fue la captura de la presidenta al concejo de Cartagena Gloria Estrada Benavides con 1 kg de cocaína, cerca de 8 millones de pesos y 3 armas de fuego; quien se movilizaba junto a su esposo y otra persona en una camioneta que tenia publicidad del senador Lidio García; frente esta situación el partido liberal le abrió un proceso de investigación ético y disciplinar. El alcalde de la ciudad de Cartagena, William Dau, se pronunció frente a la captura de Benavides diciendo que eso aportó al desprestigio del concejo de la ciudad y que los entes de control no hacen un “culo” y son alcahuetes de estas situaciones. Ante la situación Lidio García salio diciendo que era la primera vez que Gloria Estrada apoyaba su carrera y que era difícil responder por esos actos, García señaló que sentía “miedo de hacer política”, cuestión que es bastante cuestionable por los nexos que debe Benavides con el narcotráfico. Tras legalizada su captura, la concejala afrontó la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía le imputaría cargos por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Este caso es muestra del NarcoEstado en el que estamos sumergidos.

Asimismo, y desde la manipulación judicial se destapo la olla contra el cartel de los embargos de los dineros de la Salud en Colombia, el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, indicó que la Comisión, con sus siete magistrados, investigarán de fondo al sonado cartel. Debido a que eran magistrados, jueces, abogados y funcionarios de la rama judicial que decretaban embargos en el sistema de salud, a pesar de que esto no era posible. Sampredo dice que hay casos en donde los abogados se aprovechan de personas que tienen especial protección, como quienes están reclamando sus prestaciones, y terminan engañándolas y se quedan con lo que recuperan de los procesos. Esta situación es bastante preocupante en un país que tiene un sistema de salud excluyente y privado, muestra de ello es que según cifras de aseguramiento en salud para diciembre de 2021 cerca de 24.623.736 de personas estaban afiliadas al régimen contributivo y 23.968.577 de personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, demostrando con ello la intencionalidad de privatizar el derecho a la salud, dejando a los más pobres al borde de la muerte; destacando que la afiliación al régimen subsidiario es indigna.

Por otra parte, el exdirector de administración judicial de Bogotá y Cundinamarca Carlos Enrique Másmela, fue sancionado con 10 meses de suspensión e inhabilidad por la procuraduría, durante su ejercicio como funcionario público durante el 2014 al 2018, fue señalado de cometer irregularidades relacionadas con las tarifas de las inmovilizaciones de vehículos que eran aprehendidos por orden judicial, así como los registros de los parqueaderos que eran habilitados para estos automotores. Entre las pruebas halladas por la Procuraduría, existe evidencia de una variación en los incrementos de los costos de los parqueaderos cercana al 3.100%. Lo anterior demuestra que hay un debilitamiento del actual sistema, que ni incluso quienes deberían “hacer justicia” la hacen, si no que utilizan estos escenarios para robar y exprimir a los mas pobres.

Por último, la declaración en la JEP que enreda a José Félix Lafaurie con Salvatore Mancuso es bastante diciente para afirmar el claro propósito de la oligarquía de consolidar su plan contrainsurgente y su política paramilitar conexa con el narcotráfico. El exgobernador y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), Benito Osorio, condenado por delitos relacionados a sus nexos con el paramilitarismo, quedó en libertad por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que valoró su colaboración por declaraciones donde señaló que el ganadero José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernando Cabal, le pidió al paramilitar Salvatore Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán para que llegara a ser fiscal general. Según el exgobernador, uno de los argumentos que usó el ganadero para convencer a Mancuso fue que, si Iguarán era elegido, sería mucho más benéfico para ellos, refiriéndose a los casos de los paramilitares que llegaran a Justicia y Paz. Adicionalmente, Lafaurie habría entregado a Mancuso el nombre y contacto de los miembros que elegirían al nuevo fiscal, para que los presionara. Cuando Mario Iguarán fuera elegido fiscal general, como agradecimiento nombraron a la hoy senadora María Fernanda Cabal, en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Blanco es y gallina lo pone, esta es una prueba mas de que el Uribismo esta derrotado por su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Seguramente, podríamos nombrar muchísimos casos mas de corrupción en el país de la indolencia, sin embargo, nuestro llamado es a que nos informemos, conozcamos lo que pasa en nuestro país, y nos indignemos por estas y otra injusticias. Que el pueblo salga a las calles con rebeldía y desición, porque es posible tumbar el Uribismo. La práctica corrupta en Colombia es considerada como una actividad empresarial normal y legal, está debidamente estructurada y premeditada como ya se explicó anteriormente, por eso como ELN reafirmamos nuestro derecho a rebelarnos y a seguir luchando por una Colombia Insurrecta.