Por: José Vásquez Posada

“No vamos a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene” fue la frase con la que un participante de una -paradójicamente denominada- “marcha por la paz y contra el terrorismo” en enero de 2019, sentenció el accionar uribista desde la fecha hasta el día de hoy. Además de augurio, la frase resume la historia de la clase política tradicional Colombiana.

Después de más de 6 semanas de candente y agitada movilización del pueblo colombiano, lo que hemos evidenciado, más allá de un desborde de dignidad, creatividad y resistencia, es una respuesta militar de parte del gobierno uribista de Duque que ha insistido en resolver las demandas ciudadanas como siempre lo ha hecho el Estado colombiano y siguiendo al pie de la letra la frase que abre este texto.

Pero en este contexto, además de la ya acostumbrada represión de parte de Policía, ESMAD y Ejército, en las grandes ciudades hemos visto como civiles se han atrincherado con los policías para disparar a manifestantes sin que les tiemble la mano. En los videos que ellos mismos han grabado o que han logrado registrar quienes protestan, queda evidenciado como la Policía no ha hecho el más mínimo esfuerzo en impedir los disparos, y tampoco ha realizado ningún tipo de detención o investigación al respecto. Más bien, actúa de manera conjunta y coordinada.

Estos personajes que han accionado sus armas contra el pueblo se han autodenominado “gente de bien”: un particular grupo -en donde también hay gente no armada, pero que no les faltan las ganas- que se ha atribuido una serie de valores morales que los hace levitar por encima de la “muchedumbre vandálica” que se ha tomado las calles con rebeldía. No es difícil saber a qué responden: defienden el proyecto político uribista; andan en carros de alta gama (especialmente camionetas blancas polarizadas); se sienten aterrorizados por las grandes movilizaciones populares; son pro-vida y van a la misa sagradamente cada ocho días; creen que la Policía es una institución intachable y merecedora de respeto; criminalizan la juventud en las calles y la tachan de terrorista y vandálica; les duele más una pared rayada que un joven asesinado o una joven abusada sexualmente en un CAI; se informan con las noticias de RCN, NTN24, CARACOL, Blu Radio, la FM, etc. y más recientemente a través de la revista SEMANA; convocan sus movilizaciones en día domingo y siempre van de camisetas blancas; y muchos ya fueron a vacunarse a Miami porque el gobierno que defienden ni siquiera les garantiza el derecho a una salud digna.

Y es particular que este grupo de gente no solo dispare si no que también salga a marchar a las calles. Adoptan irónicamente las formas de la movilización popular, pero de maneras absurdas y deprimentes. Sus movilizaciones están más vacías que el Congreso en pandemia, y los pocos que van, conforman una línea blanca que asemeja una raya cocaina, que no está de más decir, es el emprendimiento familiar de muchos de ellos. Van en silencio, pero a estas alturas es más que evidente que es por falta de creatividad antes que por luto o censura.

También utilizan el muralismo pero a la inversa, llenando de gris las expresiones multicolor del pueblo que previamente había plasmado mensajes en megamurales visualmente impactantes, artísticamente incuestionables y políticamente rebeldes. Véase el caso de los murales de “Estado Asesino” ubicado en el deprimido de San Juan con la 80 en Medellín; el de “Gobierno Psicópata” borrado y repintado más de tres veces en el puente de San Mateo en Cúcuta; o el de “Estado Genocida” que no duró ni una noche ubicado en la Circunvalar con Cra 38 en Barranquilla. Demandan de los manifestantes formas no violentas, pero censuran aquellas que se ciñen al pacifismo, incluso con violencia y amenazas, como la ocurrida en Cúcuta por parte de un escolta del Centro Democrático, que le dijo a un joven que registraba la censura del mural: “bala es lo que le vamos a dar gonorrea”.

Y aunque se pinten como pacifistas, el accionar armado es su fundamento y lo que los ha hecho aparecer en el panorama, pues sus paupérrimas marchas quedan en el olvido y los murales han sido repintados, cada vez más grandes, cada vez con más impacto. Algunos ejemplos de ello son los hechos ocurridos el 9 de mayo en el sur de Cali, cuando un grupo de “ciudadanos de bien” le disparó a miembros de la Minga Indígena, dejando heridos por lo menos a 8 de ellos. Los armados se grabaron en sus camionetas de alta gama y por momentos se les vio respaldados en la Policía. También está el caso de Andrés Escobar, ciudadano ejemplar de la ciudad de Cali, que disparó contra los manifestantes estando en medio de la Policía. Según su versión, que fue posible conocer a través de una extensa entrevista que le realizó Blu Radio (porque aparte los grandes medios les dan pantalla), se trataba de un arma traumática no letal y solo decidió ayudar a la policía para-contener a los manifestantes.

También en Cali en el sector La Luna, el viernes 28 de mayo, un civil accionó sus armas de fuego contra la población; después de que los manifestantes lo siguieran y lo contuvieran, encontraron en su cartera un carnet en el que se le identificaba como Fredy Bermúdez, miembro activo de la Fiscalía General de la Nación. Después del hecho, el Fiscal Barbosa fue cuestionado por lo ocurrido y señaló que el hombre “No se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función porque estaba de descanso”, desligando la institución de los hechos.

En Bogotá, el 2 de junio en el sector del Monumento a los Héroes, una camioneta Porsche de placas JLR175, atropelló a una manifestante que impedía el paso del vehículo sobre la manifestación. El propietario del vehículo es Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga. El 15 de mayo, en los bajos del Puente de la 4 Sur en Medellín, jóvenes realizaban una toma cultural con un concierto, cuando desde una camioneta se disparó en varias ocasiones. El responsable se entregó a las autoridades y en su versión dijo haber usado un arma traumática no letal, lo cual le costó únicamente una multa de 245 mil pesos (!!!¡¡¡), además de una gigantesca sanción social, pues el hombre estaba vinculado a la marca AfroSoul, usada mayoritariamente por los jóvenes que se movilizan.

Estos casos, aunque puedan parecer sorprendentes, o alguien los quiera entender como aislados, no son ninguna novedad. Dan cuenta del accionar del Estado colombiano que históricamente se ha amparado en el paramilitarismo, y ha creado toda una legislación a lo largo de los años con el fin de permitir civiles armados. En los años 50 los conservadores utilizaron grupos de paramilitares para salir a contener la avanzada de las guerrillas liberales y de los levantamientos populares que se regaban por todo el país. En épocas más recientes, las AUC, con total apoyo del Estado y apelando al discurso de la defensa de la propiedad y las buenas costumbres, dejaron un incontable número de muertos y desaparecidos, y un registro de masacres inalcanzable por cualquier otro grupo paramilitar. La diferencia con lo que pasa en el contexto de la movilización actual, es que el asesinato de opositores y manifestantes está ocurriendo en las ciudades capitales y lo estamos viendo en vivo a través de las transmisiones de Instagram y Facebook.

Ahí están los Mancuso, los Hasbún, los Uribe, los Castaño, los Henao Gallón y un largo etcétera diciendo que son gente de bien, que son propietarios respetables y empresarios que dan trabajo, pero que históricamente han hecho uso del para-Estado para exterminar a bala todo lo que se les oponga a ellos. El pensamiento contrainsurgente de los de ayer y de los de hoy, de los del campo y de la ciudad, de los emprendedores y los terratenientes es el mismo. Las formas para ellos son incuestionables y el mensaje es claro: el proyecto político uribista, y todo lo que representa y abarca, va a ser defendido para evitar su declive (ya no su imposición, ni su perpetuación), con toda la bala que sea necesaria, y no precisamente en confrontación con los que estamos alzados en armas y hemos asumido desarrollar la lucha política a través de la resistencia político-militar. No. Los uribistas, los militares, los paramilitares, la “gente de bien”, se seguirá ensañando con civiles desarmados que han plantado su voz disidente a ese proyecto genocida que lleva décadas. No en vano están los más de 250 excombatientes de FARC asesinados en estado de indefensión, o los más de 1.000 líderes sociales a los cuales se les ha arrebatado la vida. No les pesará seguir disparando a quienes desde la legalidad se la juegan por defender la vida, derechos humanos y territorios, a quiénes dan la cara para denunciar la corrupción y a quiénes organizan esa rebeldía que proviene de la miseria a la que ellos mismos nos han condenado.