Por: Octavia Rebelde, corresponsal de Antorcha.
Hace unos días, Señal Investigativa y la Revista Raya dieron a conocer un video que fue tomado por un camarógrafo del medio nacional Red+ el pasado 21 de noviembre de 2019: se trata del momento exacto en que el agente del ESMAD (hoy UNDMO) Manuel Cubillos le dispara directamente a la cabeza un proyectil «ben bag» a Dilan Mauricio Cruz Medina, un joven de 18 años que participaba de las protestas convocadas en el Centro de Bogotá, aquellas que dieron inicio al Paro Nacional del Estallido Social. El video en cuestión fue ocultado por órdenes de la dirección del canal por seis años y medio, tiempo en el que el emblemático caso continúa en la impunidad.
Dilan Cruz era un estudiante del Colegio Ricaurte IED, cursaba el grado once. Sus amigos lo recuerdan como una persona extrovertida, graciosa e inteligente. En 2019, vivía con sus hermanas, Denis, que entonces tenía 21 años, y Mayerli, de 16. El 21 de noviembre de ese año Dilan se unió a las protestas convocadas en el centro de Bogotá en contra de las medidas impuestas por el gobierno de Iván Duque, los recortes en derechos y las condiciones de miseria que todos y todas las de la clase popular hemos vivido. Durante la jornada, la irrupción del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) no se hizo esperar, pronto la movilización pacífica se tornó en gritos, personas corriendo lejos de los gases y de los sonidos de las aturdidoras lanzadas por el escuadrón de la muerte, la gente resistiendo con la pura fuerza de la palabra DIGNIDAD. Entre el caos generado por el ESMAD, Dilan se encontraba sobre la Carrera 19 con calle 4ta cuando el Capitán Manuel Cubillos le disparó por la espalda dejándolo inconsciente de inmediato. El auxilio tardó en llegar en medio del caos, lo trasladaron al Hospital Universitario San Ignacio, llegó con un paro cardiorrespiratorio, trauma craneoencefálico penetrante y lesiones en el tórax debido a las labores de reanimación. Dilan falleció el 23 de noviembre en el hospital.
Mediáticamente se posicionó una narrativa en la que Dilan como muchos otros jóvenes era difamado y etiquetado como «vándalo» lo que justificaba la represión y la violación a los derechos humanos bajo una lógica en la que la violencia solo puede ser ejercida por el Estado, y las formas de resistencia del pueblo son ilegítimas y merecen la cárcel o la muerte. En dicha narrativa, el asesinato de Dilan se calificaba como un accidente que además lo culpaba a él por participar de la protesta o por «atravesarse» en la trayectoria del artefacto, esto fue algo que el agente utilizó en su defensa ante los tribunales. Mientras tanto, en lo jurídico, el asesinato de Dilan Cruz inició un proceso desde todos los puntos de vista desigual, en el que el sistema judicial privilegió el sostenimiento del sistema y la legitimidad de la fuerza pública en detrimento de la justicia que merecía la familia de la víctima; a finales de 2019 surgió una controversia sobre qué jurisdicción debía investigar el caso, al final pasó a la justicia penal militar bajo el argumento de que los hechos habían ocurrido durante un acto de servicio policial. La disputa por pasar el caso a la justicia ordinaria se extendió hasta junio de 2021 cuando la corte constitucional ordenó a la Fiscalía que lo asumiera; ese mismo año, la Procuraduría formuló un pliego de cargos disciplinarios contra Cubillos por presuntas irregularidades en el uso de la escopeta con la que fue herido Dilan. En 2024 un informe independiente elaborado por Forensic Architecture cuestionó la versión inicial del agente y concluyó que el disparo habría sido realizado directamente contra el joven. La Procuraduría impuso y posteriormente confirmó una sanción disciplinaria contra Manuel Cubillos que consistió en una multa de 14 millones de pesos. El agente no sólo pudo mantener su cargo, sino que además fue promovido al grado de mayor de la Policía Nacional y se encuentra activo en la institución.
La Procuraduría atendió en marzo de este año la petición de la familia de Dilan sobre valorar jurídicamente el caso desde una perspectiva de violación a Derechos Humanos, lo que derivó en que el organismo decidiera anular la medida disciplinaria anterior y reiniciar el proceso. En medio de la situación actual del caso, los medios Señal Investigativa y la Revista Raya sacaron a la luz un video en el que desde un ángulo no contemplado en la investigación se ve claramente cómo el agente dispara directamente al joven por la espalda, provocando intencionalmente su muerte. Este video llegó a los medios a través del camarógrafo Jhon Niño quien lo entregó luego de haber dejado de trabajar para el canal Red+, en medio de una serie de denuncias que envuelven al director de ese canal Giovanni Celis quien no solo habría ocultado el material sino que además presionó a Jhon Niño y a la reportera que le acompañaba para que lo eliminaran de las bases de datos e instauraran directamente una narrativa en la que se le tildaba a Dilan de «vándalo» y se calificaba el hecho como accidental. Además, Giovanni ha sido señalado por acoso sexual, laboral y malos tratos hacia empleados y empleadas del canal. Esta revelación pone el foco en el caso después de seis años y medio de sufrimiento y dolor para la familia de Dilan Cruz, y reabre una oportunidad para encontrar justicia.
Lo cierto es que el caso de Dilan no es el primero ni el último en que el sistema actúa de esta manera, es decir, el ocultamiento de evidencia por parte de un medio de comunicación nacional solo nos demuestra algo que ya hemos denunciado: que los medios son empresas que obedecen a intereses ajenos, que ocultan la verdad y venden sus mentiras como si fueran verdaderas y con ello manipulan al pueblo. Los medios de comunicación son cómplices de la injusticia, sustentan un sistema de opresión y alimentan la impunidad legitimándola. La narrativa que se establece alrededor de los casos, prepara el terreno para que en lo judicial «esta verdad fabricada» influya en el curso del proceso y determine qué resolución es aceptada hacia afuera. Como el caso de Dilan, hay miles de casos que continúan en impunidad, demostrando que no se trata de excepciones, sino de todo un aparato que está diseñado intencionalmente para mantener el orden establecido, aquel que favorece a los mismos de siempre.
Por otro lado, las promesas de campaña del gobierno «del cambio» no se materializaron, el ESMAD solo cambió de nombre y ni siquiera la destitución de aquellos agentes que asesinaron a tantos llegó; hoy el abogado que defendió al agente del ESMAD que asesinó a Dilan (Abelardo de la Espriella) aspira a ser presidente del país. Evidenciando que la impunidad es resultado de un sistema que se mantiene y retroalimenta a sí mismo sin depender de quién gobierne, porque el poder del pueblo es el único que puede realizar las transformaciones necesarias que garanticen una verdadera justicia y materialice la no repetición tan necesaria para las víctimas del Terrorismo de Estado. Dilan Cruz no es solo una víctima más del sistema injusto y desigual que vivimos en Colombia, es un símbolo para miles de jóvenes que participamos en el Estallido Social, simboliza las demandas de una generación que reclama condiciones de dignidad, que desea la paz con justicia y que sabe que nada nos ha sido concedido, que como Dilan y muchos otros jóvenes valientes que pelearon, los que quedamos en pie debemos mantenernos firmes en la lucha porque los que ya no están solo nos dan más razones para continuar exigiendo lo que es nuestro.
