Editorial Revista Insurrección Nº 915
Comando Central (COCE)
Las recientes y persistentes ofensivas militares contra el Ejército de Liberación Nacional forman parte de una estrategia, donde el componente paramilitar tiene un rol preponderante para disfrazar y ocultar la actuación militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Estado.
Esta estrategia revela la esencia de la Doctrina Contrainsurgente, que en colusión con sectores estatales orienta y apunta contra la insurgencia armada y las comunidades en las regiones; es la continuidad de una política del anterior régimen que va en contravía de la paz. Si bien la actual Mesa de Diálogos es una oportunidad para abrir espacios de participación amplía y diversa, se requiere desmantelar las relaciones perversas que persisten entre el paramilitarismo y el establecimiento.
En medio del ataque contra la población, también lo mediático requiere de un análisis riguroso, toda vez que es parte de la acción política de los factores sistémicos profundos, que desde los grandes emporios de la comunicación disparan señalamientos infundados; actuando como fuerzas contrainsurgentes, estos medios son implacables a la hora de elaborar matrices desinformativas, buscando debilitar políticamente al ELN y su apuesta del lado de las justas reivindicaciones de la gente por mejorar las condiciones de la sociedad. Este tipo de estrategias buscan deslegitimar a la insurgencia ante la opinión pública, presentándola como violenta y no representativa con el propósito de su eliminación física e ideológica.
Los asesinatos en estado de indefensión, mal llamados «Falsos Positivos», perpetrados por agentes estatales en el marco de la Política de Seguridad Democrática tuvieron el propósito de mostrar supuestos éxitos militares contra la guerrilla, práctica genocida recrudecida por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que implementó esta estrategia de terror y muerte desplegada con el apoyo total de las FFAA. No se trata de condenar a toda la institución militar de forma sumaria, pero es importante reconocer que dicha directriz hoy persiste en sectores que defienden esta visión contrainsurgente dentro de las FFAA, vinculados a la doctrina militar estadounidense.
La implicación directa de altos mandos del Ejército colombiano en miles de asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, está demostrada y ha sido reconocida ante el país. Las élites políticas y económicas también se han beneficiado y perpetuado gracias a vínculos perversos con estas acciones.
El Estado mafioso prosiguió con Iván Duque (2018-2022), protegiendo a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, beneficiando económicamente a sectores elitistas, pero fundamentalmente, apuntalando los asesinatos selectivos a líderes campesinos y sociales y entregando las tierras para los megaproyectos extractivistas y de infraestructura. La presidencia de Duque significó la continuidad del Genocidio y actualmente es un elemento al servicio de sectores subordinados de los Estados Unidos, que desde Washington D.C. están interesados en la conspiración contra Gobiernos progresistas en América Latina. Para este fin encuentra financiamiento de fundaciones con maquinarias propagandísticas para desestabilizar y manipular.
El gran desafío para el gobierno actual es desmontar esa política contrainsurgente que pervive y se reproduce en el «Estado Profundo», no es casual que en medio de un proceso de paz proliferen los grupos paramilitares y supuestas «disidencias», y desde los «grandes medios» del poder económico se ataque el proceso de paz con el ELN y cualquier propósito de cambios para el país. Lo principal que requiere Colombia es hacer las transformaciones económicas, políticas y sociales, las cuales incluyen las reformas propuestas por Gustavo Petro. En este escenario, la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN promueve que la sociedad participe y proponga qué cambiar y cómo hacerlo. Para acercarnos a la superación del conflicto social y armado se requiere cambiar el régimen, modelo económico y doctrina militar.
En estas tierras quien se compromete con las luchas que buscan superar las causas socioeconómicas y políticas subyacentes a la violencia es perseguido, o más grave aún, asesinado. Ese es el país que, a pesar de seguir sufriendo la violencia estructural oligárquica, se moviliza y participa con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional. Reconocemos que el actual gobierno encarna un nuevo momento político, con más preocupación por las grandes mayorías excluidas. En este camino nos encontramos para trabajar juntos por las transformaciones necesarias, una constante en la vida de los pueblos de Colombia y nuestra América.
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