Por Anderson y Rafael

Históricamente la educación en Colombia ha sido una herramienta de dominación, cada vez más orientada a satisfacer las necesidades y los caprichos de la clase dirigente, dejando de lado los problemas más apremiantes de la sociedad.

En la última década el gobierno ha intentado acabar, por diversos medios, con el carácter público de las universidades. Ha hecho esfuerzos por implementar diferentes reformas y programas, siendo los más conocidos:

  • Proyecto de reforma a la ley 30 en el 2011, que regula la educación superior. Buscó volver las universidades instituciones con ánimo de lucro yendo a contravía de la idea de universidad que tenían los/as estudiantes. Eso generó grandes movilizaciones que posteriormente dieron origen a la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), organización que aglutinaría al grueso del estudiantado colombiano y que sería la mayor y mejor experiencia de organización gremial de los estudiantes, desde la cual se logró tumbar la reforma propuesta por el gobierno y avanzar en la construcción de unos puntos mínimos para la educación superior.
  • Acuerdo superior 2034. Tras el fallido intento de reforma a la ley 30, el gobierno sacó a la luz pública una iniciativa que, al igual que con ese intento de reforma, pretendió avanzar en la privatización de la educación superior, pero de una manera más sigilosa y abstracta. Debido a eso, la resistencia generada en los estudiantes no fue más allá de las acciones emprendidas por los estudiantes de las organizaciones estudiantiles.
  • “Ser pilo paga”. Es un programa cuyo objetivo, según el gobierno nacional, es permitir el ingreso a la Universidad de los estudiantes de bajos recursos con un buen puntaje en las pruebas Saber. Pero ¿es en realidad tan beneficioso este programa? Veamos algunas cifras:

Anualmente en Colombia se gradúan 550.000 estudiantes de bachillerato, el 93% perteneciente a los estratos 1, 2 y 3. Por lo tanto, cerca de 480.000 jóvenes necesitarán de apoyo económico estatal para estudiar en la Universidad. Ser Pilo Paga financia a 10.000 estudiantes al año, es decir, tan solo el 2%. ¿Qué pasa con los otros 470.000? Deben ponerse a trabajar, o en el mejor de los casos adquirir un crédito para estudio y endeudarse toda su vida. Otra de las mentiras que nos ha vendido este programa es el que son becas, cuando en realidad son créditos condonables, esto quiere decir que, si por alguna razón no se cumple con los requisitos que establece este programa, se perderá el crédito y el beneficiario deberá pagar todo el dinero: es decir, terminará endeudado de por vida.

Ahora miremos quiénes son los verdaderos beneficiados con este programa: hasta el momento se han beneficiado un poco más de 30.000 jóvenes, de los cuales el 85% ha escogido estudiar en las universidades privadas y tan solo el 15% se ha matriculado en las universidades públicas. De esta manera vemos cómo el dinero de carácter público se está desviando hacia las universidades privadas. En este programa se han invertido cerca de $ 222.000 millones, de los cuales el 98.4 % de este dinero ha ido a parar a las universidades privadas y tan solo el 1.2 % a las públicas.
El gobierno utiliza toda su maquinaria política, comunicativa y económica para implementar programas como éste, con los que se debilitan las universidades públicas. Con el dinero invertido se podría haber impactado cerca de 200 mil estudiantes si dichos recursos hubieran sido dirigidos a las universidades públicas.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

El problema viene de raíz. En la ley 30 se plantea que el Estado debe destinar recursos a las universidades públicas para funcionamiento e inversión, al igual que los entes territoriales contribuirán con recursos a las mismas. No se establece una política efectiva de aumento de recursos, lo que ha llevado a que, con el paso del tiempo, el déficit en este campo se haga aún mayor. En pocas palabras, la universidad de hoy, en términos presupuestales, funciona como la universidad de los años 90.

La crisis por la que hoy atraviesan las universidades y la educación como tal es esperable, ya que hay ausencia de una política que responda al momento actual de la educación y logre sacarla de la tormenta en la que se encuentra. A eso se suma una continua y creciente injerencia de la politiquería que ha agudizado la corrupción y la visión mercantil.

Por tal razón, hoy más que nunca, se hace necesario luchar y defender la educación pública de nuestro país, para lo cual es crucial potenciar la organización de los estudiantes.