Por Hugo Alejandro Montoya
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición (comisión de la verdad) por medio de su presidente, Francisco de Roux, solicitó al gobierno y las fuerzas militares la información necesaria para la investigación de los casos de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) que hemos vivido durante la guerra que existe en el país. Ante tal solicitud, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las fuerzas militares (ACORE) emitió un comunicado con gran exaltación y llenos de indignación.
La información pedida a partir del año 1953, según el oficio del 13 de junio de 2018 enviado por De Roux al Ministerio de Defensa, es necesaria para clarificar las profundas implicaciones que las fuerzas militares han tenido en casos de afectación al pueblo colombiano. ACORE se impresiona porque entre sus filas de retirados saben que existen numerosos personajes que se verían afectados conociéndose los sucesos de los que podrían ser condenados, entre ellos, masacres, falsos positivos, torturas, vinculación con el paramilitarismo y toda clase de excesos que conocemos históricamente practica el ejército represor que sirve al establecimiento, desde sus altos mandos hasta sus subalternos.
Los argumentos de ACORE para manifestar su negativa son absurdos y dejan ver el nerviosismo que les causa. Entre sus reacciones argumentan riesgos en la seguridad nacional, desconfianza a los investigadores de la Comisión de la Verdad. Recurren a señalamientos al plantear que varios informes del proceso de paz con las FARC legitiman el derecho a la rebelión y que entre los autores de esos documentos hay personas afines a la teología de la liberación que son planteamientos de organizaciones insurgentes como el ELN. No es necesario explicar esos argumentos para saber cuál es la verdadera intención de la negativa y de la patética protesta.
Jaime Ruíz plantea que “no toda información puede ser de uso público” y que la información puede “caer en manos de personas que no nos dan suficientes garantías ni confianza. Ahí está la parte delicada, no hay confianza suficiente en quienes integran la Comisión…hay personas que son o han sido activistas… siendo activistas no sabemos qué puedan hacer con esa información”. Menciona además tipos de informaciones sobre países como Venezuela y Nicaragua que no pueden conocerse, ya podremos imaginarnos los contenidos de dicha información, cuando sabemos que las fuerzas militares colombianas son cómplices de los planes desestabilizadores dirigidos desde el imperio gringo hacia Nicaragua y Venezuela, países hermanos a los que nos hacen mirar sus dificultades internas para que no tengamos en cuenta las nuestras, como por ejemplo, la preocupante violación de derechos humanos que existe aquí y el genocidio de líderes sociales del que aún participan las fuerzas armadas.
Uno de los argumentos campeones expresados por el señor Jaime Ruíz es que “la gente se está alebrestando”, demostrando la pérdida de control que tendrían y la vulnerabilidad a la que quedarían expuestos, pues siempre han engañado, sobornado a las instituciones para que las versiones de sus prácticas inhumanas sean una gran mentira que se reproduce en los medios de comunicación. Como dicen en su comunicado con inmensa desfachatez “…este tipo de información, bajo ninguna circunstancia, contiene hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos,infracciones al DIH y/o crímenes de lesa humanidad”, como si el accionar militar hubiese sido transparente cuando las comunidades históricamente saben la crudeza de las actuaciones del ejército. Afirmar eso, es humillar a las víctimas que esperan un proceso de esclarecimiento, verdad y reparación, faltar al respeto, desconocerlas y tratar de tapar la historia con unas cuantas palabras de miedo y arrogancia.
A pesar de que por medio de Luis Carlos Villegas (actual gendarme de guerra del establecimiento) ha expresado la intención de la revisión de la información, el sector del partido paramilitar Centro Democrático también ha reaccionado por medio de Oscar Iván Zuluaga y la congresista Margarita Restrepo, supuestamente enfatizando en que la comisión se especializa en investigar militares. Y no es de extrañar, porque la mayoría si no son todos los integrantes este partido que llegó al poder por medio del terror y la mentira, están implicados por lo menos intelectualmente en numerosos actos de barbarie contra el pueblo. No es por nada que a la JEP (Justicia Especial Para la Paz) le hicieron varias modificaciones en el congreso y crearán una sala especial para juzgar a los militares (o más bien para salvarles la patria) y es de esperar que apenas inicie en forma el mandato de Iván Duque, Uribe y su grupo de criminales con corbata no tardarán en tratar de seguir ocultando todo cuanto les pueda afectar utilizando las leyes.
La verdad es una necesidad para los pueblos, las víctimas la reclaman y la buscan, nosotros como revolucionarios debemos insistir en hablar con la verdad y difundirla, cuestionar la mentira, el terror y el miedo que la clase oligárquica impone diariamente, porque la verdad les genera temor, desesperan por exterminarla y sabemos que a ellos no les importa matar con tal de salvar sus intereses, no tienen ninguna voluntad de paz.
