Editorial Revista Insurrección Nº 848
Comando Central (COCE)
Ayer Gustavo Petro fue electo Presidente, este Gobierno debe encarar los cambios para una Colombia en paz, entre los más urgentes están la inclusión política y económica, una economía soberana sin depredación, y una nueva Doctrina de Seguridad y Derechos Humanos.
Las dos causas que impiden superar el Conflicto Armado y la violencia política son la Doctrina de Seguridad Nacional que define a los opositores como Enemigo Interno, que prioriza el uso de la fuerza y desecha el diálogo para encarar los problemas; la segunda causa reside en el añejo régimen clientelar violento, mutado hoy en un sistema corrupto y mafioso.
La exclusión de las clases dominantes hacia los pueblos étnicos y las comunidades populares rurales y urbanas son el detonante de la protesta social, victimizada para justificar el trato de Guerra que el régimen le da; igual trato han recibido los movimientos alternativos que aspiran a participar en la lucha política, al ser criminalizados desde el clientelismo, los monopolios mediáticos y la violencia de las mafias.
La globalización neoliberal recrudecida los últimos 30 años y sus Tratados de Libre Comercio (TLC) favorecen las importaciones en desmedro de la producción nacional, causando una explosión del rebusque o empleo informal, junto a altísimas tasas de desempleo, epidemia de desigualdad que azota hasta las capas medias; al tiempo que la mitad de la riqueza producida debe entregarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la gigantesca Deuda Externa contraída por la élite gobernante, al ser esclavo de usureros el país no puede cubrir su Deuda Social, sin poder hacer la debida inversión en salud y educación, deteriorando cada vez más su cobertura y calidad.
Sucesivas ofensivas de la oligarquía despojaron más de 8 millones de hectáreas a los campesinos, contrarreforma agraria criminal que sumada a la Apertura neoliberal quebraron el campo, lo que obligó a campesinos y trabajadores agrícolas a migrar hacia los cultivos de uso ilícito y hacia el rebusque en las ciudades.
Sustituir los cultivos de uso ilícito en Colombia es solo una parte necesaria para poner fin al narcotráfico, pues sus ganancias provienen principalmente de la comercialización internacional, el lavado de narcodinero, del negocio de los insumos y de los laboratorios de procesamiento; la fracasada Guerra contra las drogas después de 50 años de desastres exige una política alternativa consensuada con los países consumidores, Colombia como país más afectado por esta Guerra reclama un cambio radical de estrategia antidrogas.
Urge consensuar un modelo de transición energética, para disminuir el cambio climático y prevenir los daños que causarán el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y garantizar que la nación no pierda la soberanía energética, así como es dueña mayoritaria de la empresa estatal petrolera Ecopetrol; establecer un modelo económico no centrado en la extracción de minerales es una tarea inaplazable para la sociedad colombiana y el medioambiente.
Si el Presidente elegido se posesiona el 7 de agosto para hacer los cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimientos para las mayorías, un plan de Reforma Agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al Proceso de paz, Colombia tendrá un Gobierno respaldado por el movimiento popular, pero si se instala para hacer ‘más de lo mismo’ tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021.
El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017.
