En las dos primeras semanas de este mes se continuo evidenciando la crisis económica social, en términos de graves problemas con la vialidad en las regiones, el agua potable, la salud y la educación; y la crisis política manifestada en la polarización entre los poderosos, en la corrupción de la política, la persecución política a los sectores populares que se reclaman o proponen cambios de fondo que a la situación de violencia y crisis económica y social que vive nuestro país.
En los departamentos y ciudades marginadas se alzó la voz de protesta con grandes movilizaciones populares, el paro cívico de Buenaventura, el paro cívico del Chocó; Paros que los ha caracterizado la participación masiva de las comunidades y, la firmeza en los propósitos y la capacidad de resistir a los atropellos de la fuerza pública. Las comunidades en base a su unidad lograron pactar con el gobierno, entre otras cosas la financiación de importantes obras de beneficio social y comunitario, pero queda la preocupación de que no se giren los recursos o que si se giran vuelva a suceder lo de siempre, se desvíen los fondos y las obras no se ejecuten; se mantiene la incertidumbre que siembra el incumplimiento del gobierno y la corrupción.
El paro nacional de los maestros que ya lleva un mes, con participación masiva; expresa la poca vocación del gobierno de darle apoyo y salidas satisfactorias a un sector que tanto le aporta al país y que en reciprocidad que hace justas peticiones; volviéndose esta situación en una preocupación de las mayorías. Las “fuerzas oscuras” ya han asesinado tres maestros en menos de 72 horas, Johana Alarcón en el Valle del Cauca, Juan Artunduaga en el Huila y Washington Cedeño en Córdoba.
De otra parte tomó fuerza luchas políticas por las revocatorias de mandatos de alcaldes y los procesos de consulta popular contra la gran minería.
Se sigue dando la persecución política a través de la estigmatización, la criminalización y el asesinato de los líderes sociales pero el Gobierno, la Fiscalía y el Ministerio de defensa están dedicados a ocultar la responsabilidad del Estado, por acción y omisión para proteger a los líderes populares de los asesinatos.
Continúa destapándose la enorme corrupción de instituciones del Estado, en contubernio con grandes empresas privadas. La corrupción corroe la financiación de las campañas políticas, el otorgamiento de contratos de obras públicas, el manejo fraudulento de las instituciones del Estado, la compra de votos, la alianza política con mafias y grupos narco paramilitares. La corrupción es causal de violencia y pobreza.
El proceso de paz que dado el compromiso de las FARC por cumplir los acuerdos y el esfuerzo del ELN por avanzar en la Mesa de Quito, debería estar más robusto y con mayor respaldo nacional; por el contrario se les va quitando apoyo desde los partidos políticos de derecha y desde las grandes empresas de comunicación. Hay una tendencia fuerte desde los partidos políticos de la ultraderecha y desde varias instituciones del Estado a “hacer trizas los acuerdos de paz” de la Habana y a hundir con el proceso de paz con el ELN.
El presidente Santos y las fuerzas políticas que aún lo rodean, para continuar en el proceso de paz se muestran indecisos, timoratos para defender en la palabra y en los hechos el proceso. En cambio el Gobierno es firme en descargar la crisis económica y social en las espaldas del pueblo. Se distingue por no cumplir los acuerdos que hace en las negociaciones con los sectores populares. Tampoco este gobierno ha sido eficaz en la lucha contra la corrupción.
El mayor impedimento de Santos y sus seguidores, para decidirse por una salida de fondo para la paz, es que se empeñan en mantener un modelo económico, que desarticuló la posibilidad de tener un aparato productivo nacional, que enriquece las elites y margina a las mayorías, que después les toca apelar a las luchas que son reprimidas violentamente. Además contrariando su vociferada vocación de paz, proyectó al país en alianzas bélicas innecesarias que atentan contra la paz en la región.
El país necesita cambios urgentes, para esto se requiere también una nueva voluntad de la los movimientos de izquierda, progresistas y democratizadores; la voluntad de una alianza programática donde se prioricen los asuntos urgentes del país y la sociedad. Colombia necesita con urgencia una nueva fuerza política que sea alternativa a la distractora polarización de las elites.
Una fuerza que llegue al gobierno que asuma los retos de una paz completa, es decir que trabaje por la superación de la violencia política, que trate de manera dialogada los conflictos, que implemente reformas sociales y los cambios políticos que democraticen el país.
