Por: Jose Emilio Uribe Escobar

Modelo económico para los más ricos

A lo largo de toda su historia Colombia ha sufrido la dependencia económica hacia potencias extranjeras y la extracción recursos naturales. Los gobiernos de la década del 90 privatizaron los bienes públicos de la nación y abrieron las puertas a las multinacionales, lo que desencadenó la destrucción de la poca industria y el agro nacional; ruina, hambre y sometimiento para las comunidades del campo y la ciudad.

Ya en el siglo XXI, la promesa de Uribe Velez de acabar la guerrilla sirvió para esconder las políticas económicas que redujeron los derechos para los trabajadores y dieron más prebendas a los ricos, donde se incluyó la entrega de tierras y territorio a compañías extranjeras y a sus socios. La confianza inversionista trató de reducir el papel del Estado para garantizar los derechos de los pueblos, al tiempo que se volvió activo para asegurar los subsidios y leyes que los dueños de la tierra, las multinacionales y las mafias necesitaban.

Pero cuando algo está mal siempre puede ser peor, entonces el gobierno Santos prometió con sus locomotoras de desarrollo que la minería y las grandes obras de infraestructura nos iban a sacar adelante. Tan solo en los dos gobiernos de Uribe Velez se entregaron 7.869 títulos mineros correspondientes a 8,53 millones de Hectáreas para mineras en su mayoría multinacionales, se emprendieron obras de infraestructura como autopistas y grandes represas sin consideración ninguna de tipo social o ambiental. Tal parece que lo importante siempre fue cumplirle a los inversionistas privados de las campañas electorales y no al pueblo.

Reina el descaro

Pero para su desgracia, a pesar del silencio cómplice de la justicia colombiana, el mundo se ha venido enterando que las locomotoras de desarrollo y la confianza inversionista sólo eran los nombres decentes de la más descarada corrupción que se haya visto en la historia nacional.

Para la muestra el escándalo de la Ruta del Sol, muy conocido por haber puesto en evidencia a compañías como Odebrecht y sus socios en Colombia, patrocinando varias campañas a la presidencia a cambio de contratos. En este caso hay implicados más de 100 políticos, empresarios y contratistas, envueltos en un negociado tan multimillonario que no les importó perseguir trabajadores, espiar ilegalmente sus comunicaciones, destruir zonas de importancia ambiental en el centro del país, implementar minería de arrastre en zonas agrícolas, y un largo prontuario de agresiones contra la naturaleza y los pueblos.

Otro caso similar es el del Puente Chirajara, donde el beneficiado por el contrato es Luis Carlos Sarmiento Ángulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, a través de su firma Coviandes, filial del grupo Aval y Corficolombiana. Nuevamente el papel de los contratistas queda muy cuestionado, pues se perdieron 10 vidas de humildes trabajadores y 15 mil millones de pesos diarios para la economía de la región, reposando hasta ahora el asunto en la impunidad, todo para que las petroleras y multinacionales de la agroindustria puedan saquear con más facilidad el territorio llanero.

Igualmente en la Lizama, Magdalena Medio Santandereano, la explosión del pozo Lizama 158 desencadenó una catástrofe ambiental afectando las Quebradas Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso. Los animales, la vegetación y las aguas nunca volverán a ser los mismos; aún se investiga la responsabilidad de Ecopetrol al no tomar las medidas necesarias para evitar este desastre.

Hidroituango no es para la vida

Ya en los últimos días nos encontramos con el desastre de Hidroituango que ha pasado de ser el proyecto hidroeléctrico más grande del país a ser el peor daño ambiental de nuestra historia. Desde el inicio de las obras, las comunidades campesinas directamente afectadas ejercieron resistencia con lo que pudieron, pero a falta de una mayor unidad popular y sentido de solidaridad del resto del país, no consiguieron detener su construcción.

Al contrario de ser escuchados pagaron un alto precio por oponerse: en esa región han ocurrido 73 masacres en los últimos 30 años y en lo que va del mes de mayo han asesinado a 5 líderes de la región. El pasado mes de abril el Parlamento Europeo mediante carta al gobierno colombiano le pidió proteger los derechos de las víctimas en la región y expresó su preocupación ante la posibilidad de que cientos de cuerpos de personas desparecidas queden sepultados por el llenado de Hidroituango; se han exhumado 159 cuerpos de la zona de influencia del proyecto.

Los últimos reportes sobre el posible desastre ambiental dicen que una posible ruptura de la presa de Hidroituango podría afectar directamente a más de 100 mil personas a lo largo de toda la cuenca del río Cauca. Está previsto que la creciente del río incremente también el nivel del río Magdalena, que ya de por sí en estos días ha venido llegando a sus niveles máximos en Magdalena, Cesar y Santander. Además, son millonarias las afectaciones para el transporte y el sustento de las familias mineras, pescadoras y agricultoras de la región. Así, queda comprobado que estos megaproyectos destruyen la vida, desintegran el tejido social, desplazan y empobrecen aún más a las comunidades.

¿Y los responsables?

Lo peor de todo es que megaproyectos como la Ruta del Sol, Hidroituango, la explotación minera en Santurbán y Campo Lizama, no han sido pensados para el beneficio del pueblo. Se trata de la energía que ni siquiera los colombianos vamos a usar y ya está vendida en el exterior, el oro que no veremos y el petroleo que no va a reducir el costo de la gasolina.

Algo más que tienen en común todos estos proyectos: son manejados por un reducido número de contratistas y empresas que entre ellas mismas se tapan y acolitan la irresponsabilidad con tal de no dañar el negocio. De acuerdo a denuncias del centro de estudios Colombia Punto Medio, la empresa Ingetec que es la encargada de la interventoría del proyecto Hidroituango, también fue la que hizo el Estudio de Impacto Ambiental para el megaproyecto de minería en Santurbán de la multinacional Minesa: ¿otro desastre en potencia?

Alguien debe responder por tanto daño causado a la naturaleza y a la gente. El país necesita saber la verdad sobre la responsabilidad de los ejecutivos de la empresa EPM, los contratistas y los organismos de control directamente implicados, no sólo los ingenieros. Pero en aras de la justicia y corregir el rumbo que llevó al desastre, no se puede pasar por alto la responsabilidad de los políticos y la clase empresarial antioqueña que definieron desde la comodidad de sus clubes, que esa obra era supuestamente “necesaria para el desarrollo”. Y para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, se debe desmantelar la red mafiosa de contratistas y empresas que ponen y quitan presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores, se apoderan de la plata de los colombianos, compran la justicia y provocan daños al medio ambiente y las comunidades.

El cambio climático es una realidad científicamente comprobada. Cambiamos el sistema económico o la humanidad entera vamos rumbo a la destrucción de la vida como la conocemos. No se trata de revisar si las técnicas y tecnologías usadas por la ingeniería colombiana están en crisis, sino de que el pueblo tome la voz y ejerza la soberanía para definir si este modelo económico es el que le conviene al país o no; un gran diálogo como el que ha propuesto el ELN en la mesa con el gobierno nacional.

¿Si no se resuelve esto, cómo quieren que la gente no se levante en armas cuando ven que matan a sus líderes y desplazan a toda una región de su territorio?