Por: Ana Peréz

No es un secreto que la oligarquía colombiana históricamente ha bloqueado el ascenso de la movilización social y política de proyectos alternativos a partir de la violencia, no obstante resulta peligroso naturalizar o legitimar esta forma de proceder de quienes gobiernan y poseen los medios de producción.

Entre enero y abril del presente año han sido asesinados 56 lideres sociales y defensores de derechos humanos, principalmente pertenecientes a procesos de Juntas de Acción Comunal, seguido de comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes, en su mayoría del sector rural. Población que históricamente ha sido afectada, desde la colonización misma ha sido víctima de agresiones y desplazamientos propios de procesos de despojo y acumulación de la tierra en Colombia.

Aunque el gobierno nacional de manera permanente niega la crisis de derechos humanos y la existencia de una política sistemática contra los lideres sociales y defensores de derechos humanos, la realidad muestra todo lo contrario, entre 2016 y 2017 se presentó el asesinato de 283 personas en hechos que comparten características y forma de operar similares. Estas situaciones se presentaron en 26 de los 32 departamentos, expresión de la dimensión nacional de la grave problemática.

A los asesinatos los anteceden amenazas de grupos o individuos propios de la reconfiguración paramilitar, la mayoría de las muertes ocurrieron en los lugares de residencia, elemento que implica el movimiento de estructuras de seguimiento y control paralelas al Estado. Hechos que contradicen la falsa afirmación del establecimiento sobre la desarticulación paramilitar, fenómeno que por el contrario, crece.

Entre abril y diciembre del año 2017 fueron asesinados 33 integrantes de la FARC en proceso de reincorporación y 12 familiares. En lo corrido de enero y abril del 2018 fueron 14 víctimas del partido FARC y 4 de sus familiares. Situación que no es nueva y se mantiene sin medidas preventivas efectivas por parte del gobierno, expresión de sus falsas promesas plasmadas en los acuerdos de La Habana y realidades que cuestionan la voluntad de los gobernantes para sacar la violencia estructural de la política.

En general, la mayoría de las víctimas son hombres, no obstante las mujeres también sufren la violencia política, entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 fueron asesinadas 33 mujeres líderes de proyectos de transformación, pertenecientes a Juntas de Acción Comunal y Veredal, estudiantes universitarias, campesinas, indígenas, gestoras de paz, promotoras de salud, militantes de partidos políticos, profesoras, líderes sociales, mujeres víctimas y líderes trans.

Dado que los atentados se presentan principalmente en el campo, las ciudades mantienen silencio y no toman parte de la responsabilidad de los y las pobladoras urbanas en el conflicto colombiano, así como el desconocimiento de la importancia del campo en el mantenimiento de la dinámica de las ciudades como las conocemos. Es momento de acciones solidarias del conjunto de la sociedad.

FUENTE: Cifras Indepaz