Por: José Vázquez Posada
El cinismo y la inoperancia del gobierno de Iván Duque sigue sin tener límites. Esto aplica prácticamente en todos los ámbitos de interés del pueblo colombiano (educación, implementación de los acuerdos de paz, soberanía y dignidad alimentaria, seguridad, empleo, diálogos con insurgencia, etc), pero se ha hecho mucho más evidente en el manejo de la pandemia del Covid 19. Cuando parece que las miserias del capitalismo no pueden quedar más expuestas por la combinación del virus y un narcogobierno que tiene descontentos hasta a sus propios votantes, aparece el tema de la vacuna y confirma que si es posible llegar a más abusos y humillaciones por parte de la administración actual.
La carrera médica de las diferentes potencias y laboratorios por crear una vacuna que contenga la propagación de una de las enfermedades con más impacto social en los últimos tiempos, generó que varias fueran las posibilidades de los gobiernos del mundo para abastecerse de las esperadas dosis. A pesar de la múltiple oferta, y de la eminente necesidad de llevar a cabo una vacunación en Colombia, el onceavo país en el mundo con más contagiados en el mundo, y el doceavo con más muertos (tercero en Latinoamérica, y en los dos aspectos tras Brasil y México), a la fecha aún no hay asomo de la primera dosis.
Y no es poca cosa, del top 15 de los países con más muertos y contagiados por la pandemia, todos a excepción de Colombia (e Irán que está desarrollando su propia vacuna) iniciaron su plan de vacunación, es decir, ya han puesto en marcha, por un lado, el despliegue logístico que exige la inmunización (transporte, refrigeradores de alta congelación, personal que vacuna, insumos, entre otros); y han llevado a cabo las negociaciones con diferentes proveedores para el arribo de los biológicos, por el otro. El gobierno colombiano hizo saber desde el año pasado que para enero del 2021 se iniciaría el proceso de inmunización, pero la realidad dista mucha de esas promesas incumplidas que se suman a los engaños y mentiras que las y los colombianos hemos recibido desde el inicio de la campaña presidencial. Durante el presente mes, y solo a partir de la presión de múltiples sectores sociales, e incluso medios de comunicación, fue que el pueblo colombiano se enteró de que el gobierno en una actitud no se sabe si más cínica o descarada, no había realizado la compra de la primera vacuna.
Ante los diversos y justificados cuestionamientos, las autoridades han señalado demagógicamente que el plan de vacunación ya está listo, y que la capacidad logística ya se encuentra instalada; también han dicho que los trámites legales para adquirir las vacunas se están realizando desde julio del 2020. El plan anunciado por el gobierno durante los primeros días de enero señala que durante febrero se pondrán 850 mil dosis, y estas irán aumentando durante los meses siguientes hasta conseguir 49 millones de dosis aplicadas durante todo el 2021. Con el panorama actual, y con la nefasta experiencia de vivir bajo este gobierno durante dos años y medio, ¿hay alguna esperanza de que este plan se cumpla?
Además de ello, y de que es evidente de que al país no ha llegado ni el primer cargamento, en días pasados el senador Alexander López denunció que el gobierno nacional estaría adquiriendo las vacunas de AstraZeneca a 21 dólares, mientras que otros países como Filipinas, Estados Unidos y Bangladesh, estarían adquiriendo la misma dosis a un precio entre 2,5 y 4 dólares. ¿A qué se debe que lo que paga Colombia se eleve casi 7 veces por encima del promedio? La respuesta que se ha dado desde la clase política advierte que existen criterios de confidencialidad con los laboratorios que permiten mantener los contratos de compra en secreto, y que en caso de no respetarse, el plan de vacunación podría ponerse en riesgo.
A la incertidumbre de la fecha de llegada de las primeras dosis, se le suma entonces la falta de claridad frente a los precios, cláusulas y condiciones de la compra, lo cual pone un cerco de misterio de estos procedimientos frente al pueblo colombiano. En otros países han denunciado que las condiciones que imponen algunos laboratorios ponen en riesgo la soberanía nacional, y de ahí la importancia de conocer públicamente estos contratos.
Mientras tanto, la pandemia sigue golpeando con ferocidad en las ciudades y en la cotidianidad de la gente. El desempleo sigue por el alza, cada vez más son los negocios y pequeñas empresas cerradas, y cada vez hay más incertidumbre en el pueblo frente a como llegar al día de mañana. Al segundo pico de contagios que tuvo en vilo la capacidad UCI de las ciudades capitales, han hecho frente los gobiernos locales, con medidas cada vez más impopulares que pasan por los confinamientos obligatorios, impidiendo a un amplio sector de pequeños comerciantes (y sus dependientes) y trabajadores informales conseguir el sustento mínimo. La ultraderecha, que ha sido ineficaz desde el gobierno central en la consecución de las vacunas, ha impulsado desde espacios locales propuestas de revocatorias aprovechándose de esta situación y ganando adeptos a partir de las medidas que han tomado algunos alcaldes.
El panorama actual frente a la vacunación del Covid 19, se suma a las múltiples injusticias y desigualdades que desde hace tiempo afronta el pueblo colombiano. Las problemáticas, aunque por momentos se muestren como coyunturales o particulares, siguen respondiendo a estructuras históricamente establecidas, en donde la clase política no ha demostrado el menor interés en resolverlas y en ceder un centímetro de sus ganancias y privilegios. La resistencia y apuestas de transformación desde todos los ámbitos, de todo lo existente en Colombia, con la pandemia y empero del plan de vacunación, siguen llamando a la puerta de manera urgente.
