Editorial Revista Insurrección Nº 872
Comando Central (COCE)
Darle continuidad a la construcción de una Base Militar en la Isla de Gorgona con la cooperación y presencia de los Estados Unidos (EEUU), va en contravía de los intereses nacionales y de los propósitos de este Gobierno en relación a la soberanía y la política ambiental.
Aunque las obras arrancaron desde la administración anterior, en la actualidad siguen en marcha después de cuatro meses desde la posesión presidencial, sin pronunciamiento alguno sobre la materia.
La construcción de esta Base Militar asociada a EEUU, se aprobó en la presidencia de Juan Manuel Santos, Duque revalidó el proyecto y en su mandato se iniciaron las obras, de tal forma que el Gobierno actual se ha encontrado con un hecho cumplido.
El actual Gobierno puede revaluar echando abajo la construcción de la Base, que tal como fue concebida estará al servicio de los planes geoestratégicos de EEUU y no de los intereses nacionales, ni de nuevas políticas ambientales de preservación de la naturaleza.
La autorización ambiental fue otorgada de manera irregular por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el 2015, luego de apenas 29 días de haber iniciado el trámite para expedir el permiso, lo que dio luz verde al Ministerio de Defensa Nacional para al desarrollo del proyecto con el financiamiento de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de EEUU. Distintas organizaciones del país asocian dicha construcción a la necesidad de reemplazar la antigua base de los gringos en Manta, Ecuador, que fue suspendida por el Gobierno del Presidente Rafael Correa.
El recientemente nombrado Embajador de Colombia en EEUU Luis Gilberto Murillo, cuando fungió como Ministro de Ambiente durante el Gobierno de Santos, defendió el otorgamiento de la Licencia Ambiental para desarrollar los proyectos de infraestructura de esta base.
La construcción de esta Base afecta el equilibrio ambiental de la isla y la misma soberanía nacional, tal como lo expresan distintas voces científicas, ambientalistas y distintas organizaciones.
Es pertinente fortalecer las exigencias de cierre y cancelación de esta Base para que el Gobierno actúe en consecuencia con sus planteamientos ambientales y de soberanía nacional.
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