Por: Fernando Velasco

El interés personal lleva necesariamente al individuo a ser corrupto, porque no le importa cuánto afecte a los demás si su beneficio satisface sus propósitos, no hay una lógica colectiva y este fenómeno por lo tanto es muy propio del capitalismo que principalmente incentiva la iniciativa privada.

La corrupción es un tema de discusión constante que permea todos los escenarios del país, paradójicamente es tratado con poca seriedad por la justicia y la sociedad colombiana. A diario escuchamos hablar de casos de corrupción que implican a instituciones en las que la ciudadanía deja de confiar, millonarias sumas de dinero hurtadas de los recursos públicos, funcionarios y representantes de partidos políticos que van escándalo tras escándalo sin condenas eficaces, empresarios con gran capital que tras su avaricia tristemente participan en negocios de corrupción. Toda una cultura corrupta que se expresa en la cotidianidad de los hogares, barrios y relaciones en la sociedad.

En Colombia se pueden repasar casos lamentables como el de Odebrecht, Reficar, El carrusel de la contratación en Bogotá, irregularidades en los recursos de los juegos deportivos nacionales y muchos otros que son una vergüenza nacional, donde los principales individuos que se lucran con estos robos no son siquiera mencionados, teniendo el pueblo colombiano una legislación y una justicia que avanza al ritmo de quien pueda pagarla para que en el momento de las condenas estas sean una nueva vergüenza.

Las regiones no están inmunes a este mal que degrada a la sociedad desde sus espacios básicos, empezando por el individuo y la manera de construir sus relaciones sociales. Este mal es impuesto por la estructura del capitalismo en la que el principal incentivo de vida es el interés personal sin importar el perjuicio de los demás. La corrupción es inherente al capitalismo y este modelo de sociedad no puede sostenerse sin ella. Son tan graves los efectos, que en nuestro país se ha naturalizado esa cultura corrupta que se expresa desde el negocio más pequeño hasta llegar a los gigantescos emporios del capital, se presenta como una forma de violencia cultural en la que los pueblos legitiman la explotación que no es tan evidente como en otras épocas. Por esta razón la corrupción, la violencia y la explotación se convierten en un conjunto de maneras de vivir para que los grupos minoritarios en el poder puedan seguir acumulando riqueza a costa del trabajo y el esfuerzo de los desfavorecidos de esta sociedad desigual.

Cúcuta como una de las ciudades importantes del país y de la región del Norte de Santander por su relación con la frontera y sus posibilidades de desarrollo social y económico, está lejos de ser un centro que articule a la región y brinde condiciones de vida eficaces para los ciudadanos, pues al configurarse como todas las demás ciudades en el sistema capitalista, reproduce las dinámicas que degradan a la inmensa mayoría de la población. De manera constante están saliendo a la luz pública numerosos casos que ponen al descubierto entidades, individuos, empresas e instituciones y que revelan la manera mezquina de funcionamiento de una estructura de dominación que no permite el desarrollo de las comunidades. Basta con mirar algunos:

* En la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que beneficiaría a 300 niños de la ciudad se han perdido más de 4000 millones de pesos en la primera fase y 9.000 millones en la segunda contratación, ya que la estructura presenta serios problemas en su construcción, además de estar en un terreno no apto y con altos riesgos de derrumbamiento. Actualmente se encuentra sin funcionamiento y es una clara evidencia de que el interés personal pone en riesgo la vida de los demás, mientras tanto esos recursos invertidos están perdidos con un CDI mal hecho.1

* La deficiencia en las vías de la ciudad es un problema generalizado, por ejemplo en la vía Urimaco-San Cayetano2 la ciudadanía ha mostrado su inconformidad por el retraso y el abandono que existe por parte de la alcaldía, que ha hecho una reparación mediocre cuando los recursos están disponibles. Otro caso que demuestra la negligencia y la irresponsabilidad para administrar los recursos de la ciudad, sumado a esta situación está el incumplimiento del manual de roturas por parte de la empresa de acueducto Aguas Kpital, ya que es la empresa que más interviene las vías, causando constante deterioro y sin realizar las reparaciones necesarias. En este tema la alcaldía y las instituciones no ejercen un control riguroso y el bienestar de los ciudadanos se está viendo afectado.

* Las concesiones por parte de la administración local a empresas privadas para el amoblamiento del espacio público tienen contratos muy dudosos y extensos con enormes beneficios para los contratistas, por ejemplo, que el 80% de los ingresos vayan al contratista y el 20%3 para el municipio, y que sea un contrato de 30 años. Es poco razonable para los líderes comunitarios que el principal beneficiado del espacio público sea un particular, clara muestra de la privatización de los espacios y el arreglo de contratos por debajo de la mesa a espaldas de la sociedad.

* El desfalco al plan de alimentación escolar (PAE), caso en el que 3.600 millones de pesos están comprometidos junto con la alimentación de miles de estudiantes de la ciudad, los culpables, 2 funcionarios públicos y 2 sacerdotes de la iglesia católica.

* Parte de la grave crisis por la que atraviesa el Hospital Universitario Erasmo Meos está ligado al ineficiente sistema de salud colombiano, pero también tienen un papel decisivo las empresas prestadoras de salud (EPS), ya que estas entidades de carácter privado le juegan una guerra sucia a los recursos públicos por medio de altas facturaciones que no corresponden con los precios de mercado de los insumos, medicamentos y prestación de algunos servicios. En consecuencia, los recursos públicos están yendo a engordar las fortunas de unos cuantos empresarios y cómplices que tratan de sacar su pedazo de la torta mientras roban al pueblo.

* La empresa Trans-Ontiveros en las últimas semanas ha causado gran polémica a partir de una supuesta innovación en el servicio de transporte al implementar los denominados “taxis blancos”, pues al estar en un periodo de crisis resurgió de manera repentina con dineros de dudosa procedencia, además esos taxis se están saliendo de la ruta que deberían cubrir para desplazar por medio de la competencia desleal al resto del transporte de la ciudad.

Así, se pueden seguir indagando sucesos en los que principalmente se ven irrespetados los recursos del pueblo, en este caso de los habitantes de Cúcuta que por medio de los impuestos contribuyen para el mejoramiento de la ciudad, esos impuestos aparte de ser muy altos están siendo robados por pequeños grupos que quieren enriquecerse mientras se ve estancado el desarrollo de la ciudad. Si nos detenemos un momento a observar estadísticas podemos evidenciar que según el DANE, Cúcuta es la ciudad con mayor informalidad del país sobrepasando niveles del 69%, a su vez es la segunda ciudad con mayor desempleo (19%), y que se debate en un inmenso panorama de pobreza que no es producto de la gente humilde y trabajadora sino que es producto de una sociedad de clases sociales que se sostiene por medio de la explotación, en donde la clase explotadora es quien impulsa la corrupción, uno de los grandes males de nuestro país.

Citas:

1. $ 4.000 millones invertidos en un CDI tirados a la cloaca. Tomado de: Periodico La Opinión. Cúcuta. Julio 14 de 2017. (Consultado: 19 de septiembre de 2017)

2. ¿Abandono de la Vía Urimaco-Termotasajero por parte de la Alcaldía de Cúcuta? Tomado de: Periodico La Opinión. Cúcuta. Mayo 3 de 2017. (Consultado: 19 de septiembre de 2017).

3. Amoblamiento del espacio público: dudosa concesión por 30 años. Tomado de: Periodico La Opinión. Cúcuta. Julio 12 de 2017. (Consultado: 19 de septiembre de 2017)