Editorial Revista Insurrección No. 669
Crecen las voces y el sentir ciudadano que exige la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martinez. Éste 11 de Enero, cuando el país aún no retomaba su ritmo habitual, se realizaron las primeras manifestaciones multitudinarias respaldando esa petición, con un masivo respaldo en Bogotá y en otras ciudades del país.
Después de las contundentes revelaciones sobre la corrupción de Martínez, que dejó Jorge Pizano, de las extrañas circunstancias que rodearon su muerte y la de su hijo; del debate de censura al Fiscal en el Congreso, y de la muerte de Merchán, otro testigo de esta trama criminal; se siguen multiplicando las evidencias sobre la responsabilidad de Martínez, en los negociados entre Odebrecht y el Grupo Sarmiento Angulo, durante la contratación de la licitación de las vías de la Ruta del Sol II, los que ascienden a 50 millones de dólares.
A raíz del escándalo generado, la sociedad colombiana ha ido conociendo otras actitudes dolosas del Fiscal Martínez. Este ha colocado a la Fiscalía y sus múltiples recursos al servicio de la impunidad y del encubrimiento de sus responsabilidades y de su empleador, el hombre más rico de Colombia, el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, ambos involucrados en numerosos casos de corrupción.
Ha sido notoria la actividad de Martínez, en utilizar la Fiscalía General para atacar con montajes judiciales a sus contradictores, a líderes de la oposición al régimen, y a quienes se atreven a denunciar sus fechorías.
El Fiscal General por encargo de quienes han jurado “hacer trizas la paz”, también desarrolla múltiples maquinaciones contra los Acuerdos de Paz y contra los esfuerzos de solución política del conflicto; lo que contrasta con su negligencia y encubrimiento, frente al Genocidio en curso contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la matanza de líderes en 2018 alcanzó los 256 asesinados, que significa el asesinato de 3 líderes cada 4 días. En 2017 los líderes eliminados habían sido 170, que demuestra un crecimiento del Genocidio en un 51 por ciento; cuando entre 2016 y 2017, el crecimiento de estos asesinatos fue del 45 por ciento.
El Fiscal Martínez, en sus declaraciones del pasado 10 de enero, minimiza la gravedad de esta matanza, niega que se tratan de crímenes sistemáticos y planificados de persecución política del régimen; para encubrir a los victimarios, con lo que facilita la continuidad y agravamiento de este Genocidio.
Con un Fiscal de estas características, ¿Qué avance puede tener la lucha contra la corrupción, cuando el encargado de ella está inmerso en la misma hasta la coronilla?
La movilización ciudadana que exige la renuncia del Fiscal Martínez, es tan justa como necesaria. Pero si gracias a ella se lograse su caída, habría que continuar la presión social, para evitar que su reemplazo, sea otra ficha de la extrema derecha violenta, que acaudilla el expresidente Uribe, con lo que “resultaría peor el remedio, que la enfermedad”.
En agosto pasado, 12 millones de colombianas y colombianos votaron en la Consulta Popular que exigió medidas profundas contra la corrupción; el Gobierno hizo el compromiso de impulsarlas en el Congreso, pero a la vez asumió un decidido respaldo, al más corrupto Fiscal General que haya tenido Colombia. ¿En qué quedaron las promesas del Presidente Duque? En un nuevo engaño, en la demagogia de siempre.
La corrupción en Colombia, como en la mayoría de los países, es un fenómeno endémico y sistémico; por lo que, si bien es válido presionar la renuncia de este Fiscal General, la metástasis de corrupción que sufre nuestro país seguirá extendiéndose; lo que demanda transformaciones sistémicas y de fondo.
No habrá soluciones con este Congreso, ni con esta Fiscalía General, ni bajo la dirección del Estado en manos de la misma élite dominante, quienes son los mayores responsables de la corrupción y los que más se lucran de ella.
La lucha contra la corrupción del sistema para ser efectiva, ha de seguir en manos de la sociedad movilizada.
